Un subintendente de la Policía Nacional identificado como Algemiro Rodelo Canchila murió en la madrugada del 8 de agosto en un ataque con drones y artefactos explosivos contra la subestación de San Roque, en zona rural de Curumaní, Cesar. Otro uniformado resultó herido y la infraestructura policial sufrió daños materiales, según reportó Caracol Radio.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche del 7 de agosto y fue confirmado por la Gobernación del Cesar. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán expresó condolencias a la Policía Nacional y a la familia del subintendente, y dirigió un llamado público al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, para reforzar las acciones de seguridad en el departamento. La mandataria también pidió avanzar en un proyecto antidrones que, según dijo, ya habría sido radicado ante el Gobierno Nacional.
Lo que describe la nota no es un hecho aislado. Doce horas antes, según el mismo reporte, tropas del Ejército y la Policía frustraron un ataque de presuntos miembros del ELN contra el peaje La Floresta, en Pailitas, también en el Cesar. Dos eventos en menos de un día, en el mismo departamento, contra objetivos distintos: una instalación policial y una infraestructura vial.
La lectura que corresponde es incómoda. El uso de drones con carga explosiva contra una subestación de Policía deja de ser una hipótesis de laboratorio y se convierte en una capacidad operativa demostrada. No es la primera vez que grupos armados ilegales en Colombia recurren a esta modalidad, pero sí es de las pocas ocasiones en que se documenta su uso contra una sede policial en una zona rural del Cesar, con saldo de un uniformado muerto.
Hay tres asuntos que el Gobierno Nacional debería responder con cifras, no con declaraciones.
Primero, el estado del proyecto antidrones al que se refiere la Gobernación. Si el texto ya fue radicado, corresponde al Ministerio de Defensa informar en qué trámite se encuentra, qué recursos se le asignaron y qué cronograma de implementación tiene. La opacidad sobre este tipo de proyectos suele ser la antesala de la inacción.
Segundo, la coordinación interinstitucional. Caracol Radio reporta que las operaciones de búsqueda de los responsables se coordinan desde un Puesto de Mando Unificado liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental. Bien. Pero un PMU reactivo, instalado después del atentado, no sustituye una política de prevención. El Cesar lleva años figurando entre los departamentos con mayor presencia de grupos armados ilegales y, según reportes de la Defensoría del Pueblo, con alertas tempranas activas en buena parte de su territorio.
Tercero, la atribución. La nota señala que las autoridades investigan para determinar el grupo armado responsable del ataque. Hasta que esa atribución no sea formal, cualquier señalamiento es especulación. Pero la cercanía temporal con el ataque frustrado en Pailitas, también atribuido preliminarmente al ELN, obliga a las autoridades a entregar resultados rápidos. La ciudadanía del Cesar no puede esperar meses para saber quién la está atacando.
La Fuerza Pública profesional es la primera línea de defensa contra este tipo de amenazas y merece respaldo institucional, no condolencias retóricas. Un subintendente muerto en una subestación rural es, además, una señal de que los grupos armados están seleccionando objetivos con criterio: instalaciones pequeñas, en zonas donde la reacción tarda más, contra uniformados que cumplen turnos lejos de los grandes comandos.
La política de seguridad del Cesar, y por extensión la del país, no puede seguir reaccionando caso por caso. Si el Ministerio de Defensa tiene un plan antidrones, que lo publique. Si no lo tiene, que lo construya. Y que lo haga con la seriedad que exige un departamento donde, en 24 horas, se atacan dos objetivos distintos con métodos que hasta hace pocos años parecían reservados a teatros de operaciones extranjeros.
El subintendente Rodelo Canchila no es una cifra más en un parte de prensa. Es el recordatorio de que la seguridad no se negocia y de que cada hora sin respuestas es una hora más de ventaja para quienes ya demostraron que pueden matar con un dron.