El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció, durante su empalme territorial en Cundinamarca, que derogará las resoluciones mediante las cuales el gobierno saliente declaró las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La decisión, según reportó Caracol Radio, afecta directamente al Tolima, donde mediante la Resolución 000044 del 10 de febrero de 2026 se declararon más de 39 mil hectáreas para producción exclusiva de alimentos en Fresno, Herveo y Murillo.
La medida divide a la clase política regional. La gobernadora Adriana Magali Matiz celebró el anuncio y calificó las APPA como una imposición del “aberrante centralismo” bogotano. La alcaldesa de Herveo, Gina Vanessa Silva, sostuvo que los municipios deben definir su propia vocación productiva y recordó que expuso ante la Corte Constitucional los argumentos contra la resolución.
En el otro extremo, el representante a la Cámara Renzo García, del Pacto Histórico, anunció que desde la Comisión Quinta ejercerá control político para impedir la derogatoria. García invocó los artículos 64 y 65 de la Constitución, que protegen al campesinado y el derecho a la alimentación, y calificó la decisión entrante como “dictatorial”.
El debate plantea dos preguntas que conviene separar. La primera es jurídica: ¿tiene el presidente electo competencia para derogar por sí solo unas resoluciones que delimitan áreas de protección ambiental y alimentaria? Una resolución ministerial no se elimina por decreto presidencial sin más; requiere motivación técnica, consulta previa con las comunidades afectadas en muchos casos y, sobre todo, la intervención del Ministerio de Ambiente y de la UPRA. Si De la Espriella pretende revocarlas por vía administrativa general, el acto podría ser demandado ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por incompetencia o por violación del debido proceso.
La segunda pregunta es de política institucional. El Pacto Histórico ya anticipó que usará la Comisión Quinta como trinchera. La Comisión Quinta de la Cámara tiene competencia sobre temas agropecuarios, pesqueros, ambientales y de desarrollo rural. Una citación de control político al ministro entrante de Agricultura y al director de la UPRA es perfectamente viable y, además, políticamente rentable para la oposición. La sola convocatoria obligaría al nuevo gobierno a defender técnicamente una decisión que, hasta ahora, solo se conoce por declaraciones.
Hay un tercer elemento que merece atención. Las APPA no son un invento reciente del gobierno Petro: el marco de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fue desarrollado durante varios años con soporte del IGAC, de la UPRA y de la FAO. Su objetivo declarado es blindar suelos agrícolas frente a la expansión de la minería, el turismo masivo o la ganadería extensiva. En un departamento como el Tolima, con presión constante sobre páramos y cuencas hidrográficas, eliminar esa figura sin un sustituto equivalente abre un frente ambiental serio.
La derogatoria, además, no es automática. Las resoluciones que declaran APPA tienen efectos sobre el ordenamiento territorial municipal. Derogarlas implica reabrir la puerta a usos del suelo que ya estaban restringidos. Si el nuevo gobierno actúa por decreto, las alcaldías que hoy celebran podrían terminar demandando la propia decisión cuando los proyectos extractivos lleguen a sus municipios.
Lo razonable sería que De la Espriella, antes de firmar nada, convoque una mesa técnica con la UPRA, el Ministerio de Ambiente, los gremios agropecuarios del Tolima y las gobernaciones involucradas. Una decisión de esta magnitud no se toma en un empalme territorial ni se anuncia por redes sociales: se toma con estudios, con cifras de productividad por hectárea y con un plan de transición para los pequeños productores que hoy dependen de la figura.
Por ahora, el gobierno entrante tiene una declaración política y una oposición legislativa que ya se organiza. La pelota está en la cancha del nuevo Ejecutivo: o presenta un expediente técnico que justifique la derogatoria, o enfrentará un debate de control político en la Comisión Quinta antes de que termine agosto.
Columna de opinión. Las afirmaciones atribuidas a la gobernadora Matiz, a la alcaldesa Silva y al representante García provienen del reporte de Caracol Radio.