El domingo 26 de julio, en una alocución reportada por Vanguardia, el presidente electo Abelardo de la Espriella comunicó cinco decisiones que regirán desde el 7 de agosto. La primera fue el cambio de sede de la ceremonia de juramento: ya no será en Popayán sino en Cali, solicitada formalmente a la Cámara de Representantes.
Según la misma fuente, el electo invocó las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica. Afirmó que el cierre recurrente del aeropuerto Guillermo León Valencia y los riesgos logísticos por caída de ceniza forzaban el traslado. Adelantó que el compromiso con el suroccidente se mantiene mediante un primer consejo de ministros en la Base Aérea Marco Fidel Suárez y que impartió instrucciones al ministro de Defensa designado, general Mora, para priorizar el batallón de alta montaña en Jamundí.
La justificación amerita verificación. La declaración del electo sobre la actividad del Puracé o del Sotará no sustituye un reporte técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la Aeronáutica Civil que respalde la imposibilidad logística. Sin ese insumo público, el argumento queda en el terreno de lo declarativo.
El segundo anuncio fue el cierre de catorce embajadas y quince consulados. Según Vanguardia, la lista incluye representaciones en Cuba, Nicaragua, Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Haití, Chequia, Etiopía, Ghana, Hungría, Malasia, Senegal, Sudáfrica y Rumania, además de la solicitud de no hacer efectiva la apertura de la embajada en Palestina. El electo anunció también la reapertura de la sede en Jerusalén y la apertura de una nueva embajada en Nigeria, y propuso unificar las misiones ante la UNESCO y la FAO con las embajadas en París y Roma, respectivamente.
Esta decisión tiene costos que conviene dimensionar. El cierre de representaciones sin ruptura de relaciones, según reportó Vanguardia, no exime de la notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores saliente ni de la liquidación de prestaciones del personal diplomático de carrera, regido por el Decreto 274 de 2000. “Optimización”, como la llamó el electo en la alocución, no equivale a supresión sin costo.
El tercer anuncio fue una línea de financiamiento con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por USD 9.000 millones, según reportó el propio electo en su cuenta de X y replicó Vanguardia. Los recursos se orientarían, de acuerdo con la fuente, a obras de infraestructura, seguridad, salud, educación, inclusión social, productividad y transformación digital, y serían ejecutados a través de convenios marco en los próximos días. El monto, de confirmarse, figura entre las líneas multilaterales más altas gestionadas por Colombia en años recientes. El reto estará en la trazabilidad de los desembolsos y en los proyectos específicos a financiar, tema que deberá pasar por el control fiscal de la Contraloría.
El cuarto anuncio fue la creación de un comité de “sabios” ad honorem encabezado por el empresario antioqueño Arturo Calle. La figura no es nueva en la historia administrativa colombiana, y la pregunta razonable es si producirá decisiones técnicas o funcionará como instancia ornamental. La experiencia reciente con consejos asesores sugiere que su utilidad depende de tres factores: la publicidad de sus actas, la formalidad de sus dictámenes y la independencia frente al despacho presidencial.
El quinto anuncio fue el más sensible en términos institucionales. El electo informó que no despachará desde la Casa de Nariño, cuya conversión en museo instruyó a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín. El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, sería el despacho principal, con sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali. Además, anunció el envío al Congreso de un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla como capital alterna de la República.
Aquí hay un asunto constitucional de fondo. La Carta vigente distingue únicamente a Bogotá como capital del distrito, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido estricta con las modificaciones que afecten la organización territorial básica. Un proyecto de esa naturaleza requeriría ocho debates en el Congreso y, por la naturaleza de la norma, el control previo e integral del artículo 241. La pregunta es si el Gobierno tiene los votos para esa reforma y si el mensaje político compensa el trámite legislativo.
La mudanza del despacho al Palacio de San Carlos y la conversión de la Casa de Nariño en museo sí pueden ejecutarse por decreto administrativo y resolución de inventario del Ministerio de Hacienda, sin pasar por el Congreso. Son decisiones que dependen del Ejecutivo.
Tres puntos quedan en el aire para el seguimiento periodístico de los próximos días. Primero, los reportes técnicos de la UNGRD y la Aerocivil sobre la situación del aeropuerto de Popayán. Segundo, la publicación de los convenios marco con CAF y su posterior registro en Secop II. Tercero, el texto del proyecto de acto legislativo sobre Barranquilla, para evaluar su viabilidad jurídica.
La señal al mercado y al cuerpo diplomático es de reordenamiento, no de ruptura. La consistencia entre el discurso y los actos será lo que se mida a partir del 7 de agosto.