El presidente electo Abelardo De la Espriella se pronunció el 25 de julio sobre la muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años y ocho meses de embarazo que fue encontrada sin vida en Cali tras permanecer desaparecida durante una semana. El pronunciamiento, difundido en su cuenta oficial de X, fue reportado por El Heraldo, que calificó el hecho como un crimen aberrante.
Según el reporte, el mensaje incluyó un llamado a las autoridades para que persigan y capturen a los responsables, y anunció que a partir del 7 de agosto —fecha prevista para el inicio formal de su administración— la protección de las mujeres será prioritaria en su política pública. El Heraldo también consignó otra frase del pronunciamiento que invita a la cohesión social frente a los agresores.
Hay tres elementos que conviene separar.
Primero, la separación de funciones. Un presidente electo no dirige investigaciones penales. Su rol, hasta el 7 de agosto, es de transición. Anunciar política pública para esa fecha es legítimo; prometer resultados judiciales sin atribución a la Fiscalía, no lo es. La ciudadanía debe leer el mensaje como un compromiso de gobierno, no como una instrucción a los jueces.
Segundo, la necesidad de indicadores verificables. El anuncio de proteger a las mujeres admite muchas lecturas. Conviene que el nuevo gobierno traduzca el compromiso en metas concretas: unidades especializadas de la Fiscalía, recursos para comisarías de familia, protocolos de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas —incluidas las que están embarazadas, que requieren atención adicional— y reportes trimestrales de resultados. Sin métricas, la consigna se diluye.
Tercero, la coherencia con el resto de la agenda de seguridad. La protección de las mujeres no puede ser un capítulo aislado del plan de gobierno. Debe articularse con la política contra el crimen organizado, con el funcionamiento de la justicia y con los programas de prevención en los municipios donde se concentran los casos. Cali y el Valle del Cauca requieren intervenciones específicas que el próximo gabinete tendrá que detallar.
Hasta ahora, según la fuente consultada, no se reportan capturas, ni imputaciones, ni líneas de investigación confirmadas por la Fiscalía General de la Nación. El proceso penal sigue en curso y, como en todo caso sub iudice, corresponde a las autoridades —no al presidente electo— fijar públicamente los avances.
El crimen de María Camila Potosí merece investigación seria, castigo a los responsables y políticas que reduzcan la repetición de estos hechos. La promesa del presidente electo es un punto de partida. La verificación vendrá después, con cifras, expedientes y resultados.