Hay una cifra que debería sacudir a cualquier funcionario con responsabilidad en salud: 11 millones de colombianos afiliados a la Nueva EPS atraviesan hoy lo que la columnista Olga Lucía González denominó, con precisión, un “corredor de la muerte”. El caso de doña Cleotilde —una mujer de 88 años, campesina boyacense, madre de diez hijos, sin pensión y con un subsidio de adulto mayor que no alcanza para los medicamentos que su EPS no le entrega— no es una anécdota. Es la regla.
Según reportó La Silla Vacía, las hijas de doña Cleotilde llevan meses intentando que la Nueva EPS les programe citas con especialistas, les entregue medicamentos para la hipertensión y dé respuesta a las quejas radicadas en el sistema PQRD y a una acción de tutela. La respuesta institucional ha sido, en la práctica, nula. Cuando insisten, son reconvenidas por no “ir a buscar el medicamento”. Madrugan, pagan transporte, hacen fila durante horas en el punto de Cafam de la calle 151 en Bogotá y, al final, les dicen que no hay, o que solo hay acetaminofén —el más barato, cuyo valor es inferior al costo del desplazamiento.
El deterioro físico de doña Cleotilde es consecuencia directa de esa cadena de omisiones. Su subsidio de adulto mayor —poco más de 200.000 pesos mensuales— se va íntegro en comprar en droguerías lo que la entidad promotora de salud debería suministrar. La familia, además, aporta recursos propios para completar lo que el sistema no entrega. La pregunta es inevitable: si los medicamentos existen en las droguerías, ¿por qué la Nueva EPS no los dispensa?
El contexto institucional agrava el cuadro. La Nueva EPS es una de las entidades intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, según documentó El País de América Colombia. La intervención, lejos de traducirse en mejoras observables para los usuarios, ha coincidido con el período de mayor deterioro en la entrega de medicamentos y en la respuesta a las tutelas. La Superintendencia Nacional de Salud, que debería ser la instancia de protección del usuario, aparece en el relato como una entidad inerte ante los reclamos.
Los datos disponibles respaldan la denuncia. El estudio “Gasto de bolsillo y barreras de atención en salud (2019–2025)”, del equipo de Fórmula Álgebra, citado por La Silla Vacía, muestra que los hogares más pobres están destinando una proporción creciente de su ingreso a medicamentos y atención que debería estar cubierta por el aseguramiento. Algunos pacientes, según la misma fuente, han optado directamente por dejar de buscar tratamiento.
Hay un dato adicional que el gobierno no puede pasar por alto: menos del 5% de las mujeres rurales en Colombia accede a una pensión derivada de su trabajo. Doña Cleotilde encarna esa estadística. Tras una vida de trabajo agrícola y cuidado familiar, llega a la vejez sin protección social contributiva y depende de un subsidio que no cubre ni siquiera sus medicamentos. La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que el campesino es sujeto de especial protección constitucional; la realidad, como se ve, dista de ese mandato.
Desde La Bitácora hemos sostenido que la crítica al gobierno no es un ejercicio de oposición automática. Cuando una política pública funciona, lo decimos. Pero cuando la intervención de la EPS con mayor número de afiliados en el país deriva en filas interminables, medicamentos negados y pacientes que ven cómo su salud se deteriora mientras la Supersalud guarda silencio, el deber periodístico es documentarlo y exigir respuestas.
La Nueva EPS no puede seguir funcionando como una entidad que condena a sus afiliados más pobres a financiar de su bolsillo lo que ya están pagando con sus cotizaciones y sus impuestos. La Supersalud debe explicar por qué las quejas y las tutelas no producen respuesta efectiva. Y el Ministerio de Salud debe asumir que la intervención, tal como está, no está cumpliendo su propósito esencial: garantizar la atención.
Doña Cleotilde no tiene tiempo para esperar una comisión de la verdad sobre la gestión de la entidad. Necesita sus medicamentos esta semana. Como ella, 11 millones de colombianos.