A once días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, la campaña quedó atravesada por una denuncia penal que el equipo del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, radicó el 11 de junio contra su rival Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. Según reportó Infobae Colombia, la acción se presentó de forma simultánea ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con el mismo reporte, el escrito reúne señalamientos sobre supuestos nexos del aspirante con la extinta estructura narcoparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. La documentación incluiría referencias a Salvatore Mancuso, a un individuo conocido como “El Tuso” Sierra y a varias personas identificadas con alias en procesos de justicia y paz. La acusación solicitó investigar al candidato por los tipos penales de concierto para delinquir, financiación de grupos terroristas y enriquecimiento ilícito, y planteó que los hechos, de comprobarse, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El senador justificó la presentación del caso ante la CPI, según Infobae Colombia, “en la gravedad de los hechos y en la necesidad de buscar garantías de justicia más allá del ámbito nacional”. Magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional evaluarán, conforme al Estatuto de Roma, si la denuncia cumple con los criterios de admisibilidad y complementariedad. Mientras la Fiscalía colombiana y el organismo internacional no adopten una decisión de fondo, las afirmaciones deben leerse como imputaciones de un denunciante, no como hechos probados. Esa precisión es clave en un proceso electoral en marcha.
De la Espriella respondió con un mensaje en redes en el que descalificó la acción. Según Infobae Colombia, escribió que “hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”. El candidato calificó la reacción de su adversario como un nuevo uso del argumento “paraco” y concluyó con la frase “Raste en pérdida Cepeda”.
Cinco días antes de la denuncia, el 6 de junio, De la Espriella había dirigido una carta al vicesecretario de Estado Christopher Landau en la que agradeció al secretario Marco Rubio la atención prestada a la integridad del proceso electoral colombiano. En el documento, el aspirante sostuvo que la segunda vuelta estaba siendo determinada, según su lectura, por el “poder territorial” de las disidencias de las Farc y del ELN, y mencionó concentraciones de voto superiores al noventa por ciento en algunos municipios del suroccidente, acompañadas de anexos que, según el propio candidato, respaldarían sus afirmaciones.
El cruce expone dos planos que conviene no mezclar. El primero es estrictamente judicial: la denuncia de Cepeda, las pruebas que presente y el pronunciamiento que eventualmente adopten la Fiscalía o la CPI. Cualquier condena o absolución pública anticipada es, en este momento, improcedente. El segundo es político: en plena campaña, ambos candidatos buscan instalar narrativas sobre el adversario. De la Espriella invoca a Washington; Cepeda invoca a La Haya. Las dos son piezas legítimas de campaña, pero ninguna sustituye a la justicia.
Una observación editorial resulta pertinente. Cuando un candidato presidencial dirige, en plena campaña y a pocos días de la elección, una comunicación a un gobierno extranjero para plantear dudas sobre la transparencia del proceso, ¿qué lectura debe hacer el país sobre los riesgos diplomáticos y republicanos de esa decisión? La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral son las instancias llamadas a pronunciarse sobre la integridad de los datos. La pregunta de fondo es si el debate sobre la transparencia del 21 de junio puede conducirse con seriedad sin recurrir a escenarios internacionales que, por su propia naturaleza, generan más ruido que certeza.
La presentación simultánea ante la Fiscalía y la CPI no es, por lo demás, un recurso menor. Implica la apertura de un expediente internacional cuya resolución puede tardar años. El elector colombiano deberá decidir el 21 de junio con la información disponible, sin esperar definiciones judiciales que, por la naturaleza del caso, no llegarán antes de la votación.