En menos de una semana, el Gaula Militar ejecutó dos operaciones que conviene leer con la seriedad documental que el caso exige. El 14 de junio, ocho personas —entre ellas un bebé de un año— fueron liberadas en el sector de Limones, sobre la bahía de Buenaventura, tras una alerta a la línea 147. Días antes, en Pozo Azul, municipio de San Cayetano (Norte de Santander), tropas del Gaula, con apoyo del CTI de la Fiscalía, rescataron a una mujer y capturaron en flagrancia a tres personas que, según la información publicada por Infobae, pertenecerían a la Estructura 33, bloque del GAO-r con presencia en el Magdalena Medio.
Los datos, atribuidos por Infobae al coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar, a partir del cubrimiento de Caracol Radio, permiten trazar una fotografía preliminar de lo ocurrido. En el operativo de Buenaventura, las autoridades recuperaron dos embarcaciones y decomisaron una tercera; además, fueron hallados 31 cartuchos calibre 9 milímetros, 60 cartuchos calibre 5.56 y un posible compartimiento adaptado, según la misma fuente, para el transporte de estupefacientes. Los cuatro secuestradores huyeron al advertir la presencia de los uniformados, según el reporte. En la operación de Norte de Santander, la nota periodística reseña que se decomisaron dos automotores, dos motocicletas, cadenas, candados y equipos de comunicación, y se atribuyó la orden del secuestro a un sujeto identificado como alias Richard.
Hay, en estas dos acciones, un patrón que la prensa viene documentando con insistencia. Buenaventura aparece en el reporte como escenario de operaciones de la estructura conocida como Los Shottas, a quien Caracol Radio —citado por Infobae— vincula con disputas por narcotráfico y extorsión en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Norte de Santander, por su parte, soporta la presencia de un GAO-r al que las autoridades ya no le atribuyen discurso político alguno, sino actividades de secuestro y cobro. En ambos casos la respuesta llegó por la misma vía: una llamada a la línea 147 y el despliegue de unidades especializadas. ¿Es sensato, como debate de fondo, sustituir ese circuito por mesas de diálogo con organizaciones que retienen bebés de un año?
Conviene también leer estos operativos con la debida atribución institucional. Infobae recogió las declaraciones del coronel Amaral y las enmarcó como hipótesis de las autoridades, no como hecho probado. La presunción de inocencia opera para cualquier persona capturada en flagrancia, sin importar el expediente que las autoridades le atribuyen, y esta columna no hará condenas anticipadas. Lo que sí está acreditado es que, en lo que va de junio, el Gaula entregó resultados verificables en al menos dos regiones críticas del país, y que esos resultados fueron obtenidos por una fuerza pública profesional que depende del Ministerio de Defensa y coordina acciones con la Fiscalía.
El dato que más debería interesar al Ejecutivo es operativo, no ideológico. Cuando un ciudadano marca 147, no está llamando a un mediador humanitario ni a un gestor de paz: está pidiendo que un uniformado arriesgue su vida. Y el Gaula, según la cobertura periodística disponible, sigue cumpliendo ese mandato con resultados. La pregunta que queda abierta es si el Gobierno está dispuesto a registrarlo en su balance de seguridad o si prefiere seguir mirando para otro lado mientras las tropas hacen el trabajo que la política de paz total, en los hechos, no alcanza a sustituir.
Los operativos, por ahora, continúan. Las tropas buscan a los responsables que huyeron hacia la zona selvática en el caso de Buenaventura y mantienen la búsqueda de una segunda persona que, según el reporte, permanece en poder de la Estructura 33 en Norte de Santander. La agenda del Gaula, al menos, parece más clara que la del palacio presidencial: rescatar, capturar, judicializar, repetir. Ese es, en estricta técnica policial, el ciclo que cualquier política de seguridad debería defender.