Ecopetrol está en conversaciones para adquirir el 25% de Brava Energia, la empresa brasileña que opera campos en la cuenca de Santos. Si la operación se concreta, la producción internacional de la estatal colombiana pasaría de niveles cercanos al 10% a aproximadamente 20% de su portafolio total. Es un movimiento que trasciende la lógica comercial convencional y revela una realidad incómoda: Colombia está perdiendo atractivo como plataforma de inversión energética para su propia empresa pública.
Por qué Brasil y no Guyana
La decisión de Ecopetrol de mirar hacia el Brasil no es caprichosa. La cuenca de Santos representa uno de los yacimientos más productivos del hemisferio occidental, con reservas probadas superiores a 13 mil millones de barriles según datos de la Agencia Nacional del Petróleo brasileña. En contraste, las reservas certificadas de Colombia han caído de 1.6 mil millones de barriles en 2012 a menos de 1.2 mil millones en 2024, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.
El diferencial es brutal. Un barril extraído en Santos tiene costos operacionales entre 35 y 45 dólares. En campos colombianos, esos costos rondan 50 a 65 dólares. Cuando el precio internacional fluctúa entre 70 y 90 dólares por barril —como ha ocurrido en los últimos tres años—, la matemática favorece claramente al operador con menores costos. Ecopetrol, como empresa que debe generar retorno para sus accionistas y contribuir al fisco nacional, no puede ignorar esa realidad.
Pero hay un segundo factor, más político que técnico. El gobierno colombiano ha impuesto restricciones crecientes a la exploración de nuevos campos. La prohibición de nuevos proyectos en páramos y zonas protegidas, sumada a la incertidumbre regulatoria sobre licencias ambientales, ha generado una parálisis de facto en la cartera de proyectos greenfield. Brava Energia, en cambio, opera en un entorno regulatorio más predecible, con marcos tributarios claros y una institucionalidad petrolera que, aunque enfrenta sus propios desafíos, no cambia de criterio cada dieciocho meses.
La trampa de la diversificación
Aquí emerge la paradoja. Cuando una empresa estatal se ve obligada a buscar oportunidades de inversión fuera de su país, eso no es un síntoma de fortaleza estratégica sino de debilidad en el mercado doméstico. Ecopetrol está haciendo lo que cualquier gestor de portafolio haría: reasignar capital hacia activos con mejor relación riesgo-retorno. Pero cuando esa reasignación implica que la producción nacional pierde peso relativo, el Estado colombiano está perdiendo algo más que un porcentaje de barril-día: está perdiendo capacidad fiscal.
La producción petrolera colombiana genera aproximadamente 30% de los ingresos tributarios del gobierno central en años de precios altos. Si Ecopetrol reduce su apuesta doméstica —no por decisión de la junta directiva sino por falta de oportunidades viables—, el fisco tendrá que compensar esa caída con otras fuentes. Eso significa presión sobre el IVA, el impuesto a la renta o recortes en gasto social.
Brasil, por su parte, captura el beneficio. No solo obtiene inversión de capital y transferencia tecnológica de un operador experimentado, sino que también se asegura que Ecopetrol tenga incentivos alineados con la estabilidad regulatoria brasileña. Es un juego donde el vecino gana.
El costo de la incertidumbre
La pregunta que debería hacerse en Bogotá es simple: ¿qué habría que cambiar para que Ecopetrol prefiera invertir en Colombia? Las respuestas son conocidas pero políticamente incómodas. Primero, claridad sobre qué áreas están efectivamente disponibles para exploración. Segundo, marcos tributarios predecibles que no cambien con cada administración. Tercero, una institucionalidad ambiental que pueda evaluar proyectos en plazos razonables, no en años.
La adquisición de participación en Brava Energia no es un fracaso de Ecopetrol. Es un fracaso de política pública. La estatal está haciendo su trabajo: buscar rentabilidad donde existe. El problema es que Colombia ha hecho menos atractivo ese “donde existe” en su propio territorio.
Esto no significa que deba abrirse la exploración sin límites ambientales. Significa que la actual combinación de restricciones sin claridad, regulación sin predictibilidad y transición energética sin cronograma, genera un vacío que otros países llenan. Brasil lo sabe. Guyana lo sabe. Y Ecopetrol, que tiene obligaciones fiduciarias con sus accionistas, también lo sabe.
La apuesta brasileña de la estatal colombiana es racional. Que sea racional no la hace menos preocupante para la hacienda pública nacional.