A las 4:50 de la mañana del 13 de junio, según reportó Caracol Radio, la Unión Sindical Obrera (USO) y Ecopetrol suscribieron el acuerdo que pone fin al conflicto colectivo y al paro que había paralizado parcialmente a la petrolera en las últimas semanas. La Junta Directiva Nacional del sindicato calificó el resultado como un “cierre victorioso” y lo presentó como un hito para el movimiento sindical colombiano.
El comunicado de la USO detalla cuatro ejes centrales del arreglo. Primero, estabilidad laboral para los trabajadores directos con 18 años de servicio. Segundo, la inclusión de un capítulo específico para contratistas dentro de la Convención Colectiva de Trabajo, una demanda que el sindicato venía planteando desde el inicio de la mesa. Tercero, ajustes salariales para los empleados bajo régimen legal y garantías de progresividad para quienes integran el Mapa de Cargos Operativo (MCO). Cuarto, recursos para proyectos sociales en La Guajira y Puerto Gaitán, dos de las regiones donde Ecopetrol tiene operación relevante.
Más allá del cierre laboral, el paro dejó sobre la mesa un debate de fondo que el propio sindicato se encargó de poner en el centro de la discusión. Martín Ravelo, presidente de la USO, había advertido en Caracol Radio que más del 85 % del EBITDA de Ecopetrol proviene del negocio tradicional de petróleo y gas. La cifra, atribuida por el dirigente sindical, no es menor: describe una empresa cuya rentabilidad depende de manera abrumadora del segmento que el actual gobierno ha prometido transitar hacia adelante, no precisamente hacia adentro.
La Convención Colectiva firmada esta madrugada blinda conquistas laborales y, según la USO, fortalece la defensa de Ecopetrol como activo estratégico. Pero el acuerdo no resuelve —ni pretende resolver— la pregunta que el propio Ravelo formuló antes del paro: cuál es el modelo de negocio que la administración de la compañía está construyendo en un entorno de transición energética, mayor carga tributaria y creciente intervención estatal en la junta directiva.
Hay, además, un punto que merece seguimiento riguroso. La inclusión de contratistas en la Convención Colectiva es una novedad relevante. Si Ecopetrol formaliza condiciones laborales para personal que hoy trabaja por intermediación de terceros, el efecto sobre la estructura de costos de la empresa y sobre el universo de empresas contratistas será significativo. La Bitácora seguirá de cerca los anexos del acuerdo y los actos administrativos que lo desarrollen, porque en contratación pública y en contratación de empresas estatales los detalles no son menores: definen quién asume el riesgo laboral y quién paga la cuenta.
Tampoco puede pasarse por alto el componente regional. Los recursos para La Guajira y Puerto Gaitán llegan a dos territorios donde la presencia de Ecopetrol convive con reclamos históricos por impacto ambiental, empleo local y regalías. La USO los presenta como un componente de “bienestar de las comunidades”. Falta que la ejecución concreta de esos proyectos sea verificable, con cifras, cronogramas y veedurías ciudadanas.
Por ahora, el paro terminó. Los trabajadores vuelven a sus puestos, la Convención queda renovada y el sindicato celebra lo que considera una victoria. Quedan, sin embargo, las preguntas que el propio conflicto dejó planteadas sobre el futuro operativo y financiero de la principal empresa colombiana. Esas preguntas no se resolvieron en la mesa de negociación, y el país no debería olvidarlas.