La solicitud radicada por Gustavo Petro ante el Senado el 10 de agosto, apenas unos días después de dejar la Presidencia, reabrió un debate que en Colombia se repite cada cuatro años: ¿por qué un ciudadano común, una vez termina su mandato, no puede simplemente sacar un pasaporte y viajar?
La respuesta está en el artículo 196 de la Constitución, una norma que pocas veces se cita fuera del ámbito académico pero que define el llamado arraigo constitucional. Durante el año siguiente al final del ejercicio presidencial, el exmandatario no puede salir del territorio nacional sin autorización previa del Senado. No es un aviso, como ocurre cuando el presidente en funciones se desplaza al exterior —figura que la Corte Constitucional examinó en la Sentencia C-151 de 1993—, sino una autorización que la plenaria debe votar.
La Corte también explicó el porqué histórico de esa restricción: garantizar que quien dejó el cargo pueda responder por eventuales faltas cometidas durante el mandato. El Reglamento del Congreso, Ley 5 de 1992, desarrolla esa competencia del Senado.
Lo que hizo Petro, según la información conocida, fue pedir una autorización amplia, no para un viaje puntual sino para salidas múltiples durante todo el año siguiente, argumentando compromisos “personales, sociales, políticos y académicos”. La petición debe ser estudiada por la plenaria, que hasta ahora no había adoptado una decisión definitiva.
La columna no es sobre el derecho a viajar de un exmandatario. Es sobre lo que este trámite revela del estado de la institucionalidad colombiana y de cómo se procesa la salida del poder.
Una regla que se diseñó para todos y se aplica a uno
El arraigo constitucional no fue pensado contra Petro. Es una norma de carácter general, aprobada en la Constitución de 1991 y vigente desde entonces. Cualquier expresidente, incluido quien fuera jefe de Estado entre 2022 y 2026, está sometido a ella. La regla existe para evitar que un exmandatario se sustraiga de la jurisdicción colombiana en el periodo más sensible: el inmediatamente posterior a la entrega del cargo, cuando aún pesan sobre él decisiones tomadas durante cuatro años.
En un país donde las investigaciones sobre la administración saliente suelen abrirse o acelerarse en los primeros meses posteriores al cambio de gobierno, el arraigo cumple una función práctica: asegurar que el exmandatario esté disponible para la justicia ordinaria. No es una medida cautelar ni una restricción judicial individualizada. Es una condición constitucional al cargo.
Por qué este caso importa
El primer año posterior a la Presidencia es, por diseño, un periodo de transición institucional. El nuevo gobierno necesita consolidar su agenda, las entidades de control deben evaluar lo recibido y la justicia puede iniciar o continuar investigaciones sobre la administración anterior. Que el exmandatario no pueda salir libremente del país durante ese año es una pieza de ese engranaje.
La solicitud de Petro, por amplia que parezca, no es excepcional en su forma: exmandatarios anteriores también han requerido autorizaciones similares ante el Senado. Lo que sí resulta llamativo es el momento y el contexto. El país enfrenta las consecuencias de un terremoto que, según reportó Publimetro, motivó ofrecimientos de ayuda internacional por parte de Estados Unidos, mientras se reabre el debate sobre el rumbo de la política exterior y la transición de mando.
Lo que viene
El Senado deberá pronunciarse. Si concede la autorización, lo hará con el alcance que determine la plenaria: puede aprobar todas las salidas pedidas, limitarlas a ciertos destinos o imponer condiciones. Si la niega, el exmandatario quedará sujeto a la regla general: no puede salir del país sin el permiso expreso de la corporación.
Cualquiera de los dos desenlaces forma parte del diseño constitucional. La pregunta que deja este episodio no es si Petro puede o no viajar, sino si el Senado ejercerá con rigor la función que la Constitución le asignó en este primer año de transición.
La institucionalidad se prueba, justamente, en estos casos.