La tragedia ocurrida en el parque Tiergarten de Berlín, donde una furgoneta arrolló a los asistentes de la celebración del Orgullo LGTBI+ dejando al menos un fallecido y quince heridos, trasciende la crónica roja europea. Para un observador atento desde Bucaramanga, este suceso no es un hecho aislado de violencia urbana, sino un recordatorio brutal de que las libertades civiles en las democracias liberales requieren una arquitectura de seguridad robusta. La fuga del conductor y la magnitud del ataque en una zona emblemática como la Puerta de Brandeburgo exponen las grietas en la capacidad estatal para proteger espacios públicos simbólicos sin sacrificar la apertura que define a una sociedad libre.
La seguridad como garante de la libertad
Desde nuestra perspectiva institucionalista y atlantista, es imperativo rechazar la falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos. Lo sucedido en la capital alemana demuestra que sin una fuerza pública profesional y capaz, los derechos civiles quedan expuestos a la violencia de actores que desprecian el Estado de derecho. En Colombia, donde hemos normalizado la amenaza contra líderes sociales y minorías, este evento debe leerse como una advertencia técnica: la tolerancia cero contra la violencia identitaria no se decreta, se ejecuta mediante inteligencia preventiva y control territorial efectivo.
El gobierno actual en Bogotá ha tendido a minimizar la importancia de la fuerza pública en la protección de la diversidad, bajo la premisa de que la seguridad es un asunto meramente social. Berlín nos enseña lo contrario. La policía berlinesa, pese a sus protocolos avanzados, no pudo prevenir el atropello. Si esto ocurre en una de las capitales con mayor inversión en seguridad ciudadana de la Unión Europea, ¿qué garantiza tenemos en ciudades intermedias colombianas donde la institucionalidad es más frágil? La respuesta no es menos Estado, sino un Estado más competente y respetuoso de la legalidad en sus operaciones.
Riesgos asimétricos en espacios abiertos
La modalidad del ataque, utilizando un vehículo como arma en una concentración masiva, refleja una tendencia global de violencia asimétrica que las agencias de riesgo político hemos monitoreado con preocupación. Según datos de la Global Terrorism Database y análisis recientes de centros de pensamiento en Washington y Londres, los espacios de celebración cívica se han convertido en objetivos blandos preferentes. Esto obliga a replantear los protocolos de seguridad para eventos públicos en la región andina.
No se trata de militarizar las festividades, sino de aplicar inteligencia civil basada en evidencia. En Colombia, la protección del Orgullo y otras manifestaciones ciudadanas a menudo oscila entre la negligencia y la represión desproporcionada. Ambas son inaceptables. La vía institucional es la planificación técnica, la coordinación interagencial y la cooperación internacional en seguridad ciudadana, áreas donde el eje Bogotá-Washington-Brasilia podría ofrecer marcos de colaboración más allá de la lucha antinarcóticos. La seguridad democrática es un bien público exportable y necesario.
El costo de la desinstitucionalización
Debemos ser críticos con cualquier narrativa que intente instrumentalizar este ataque para justificar recortes a las libertades o, inversamente, para deslegitimar a las fuerzas de seguridad. El populismo, sea de derecha o de izquierda, suele reaccionar ante estos hechos con soluciones simplistas. Nosotros, desde el centro-derecha institucional, insistimos en que la respuesta debe ser técnica y apegada al marco legal. La investigación debe ser transparente y la justicia, independiente.
Para Colombia, la lección es clara: la defensa de las minorías y de la diversidad es un test de estrés para la institucionalidad. Si el Estado no puede garantizar que un ciudadano camine seguro por una calle durante una celebración, su legitimidad se erosiona. En un contexto regional donde regímenes autoritarios usan la “seguridad” como excusa para la represión y democracias débiles fallan por inacción, el camino colombiano debe ser el del fortalecimiento institucional. Proteger el Orgullo en Bogotá, Medellín o Bucaramanga requiere la misma seriedad técnica y compromiso democrático que se espera en Berlín. La libertad tiene un costo operativo que debemos estar dispuestos a asumir con profesionalismo y sin ideologización.