La participación de Colombia como país invitado de honor en ExpoCafé Chile 2026 representa una señal positiva de continuidad en la promoción de nuestros bienes agrícolas. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) logró articular la presencia de quince organizaciones cafeteras y cacaoteras en Santiago, un mercado que, si bien no es el destino final de nuestros volúmenes, funciona como puerta de entrada y termómetro de calidad para la región andina y el Cono Sur. Desde una perspectiva de comercio exterior, esta gestión es bienvenida y necesaria.
Sin embargo, como analistas de la realidad hemisférica, debemos separar la coyuntura ferial de la estrategia estructural. El evento en el Espacio Riesco reúne a productores de doce departamentos, desde Arauca hasta Nariño, y permite un contacto directo que reduce la asimetría de información entre el campesino y el comprador internacional. Esto es eficiente. Pero la retórica oficial que acompaña la feria, centrada en los “cultivos de paz” y la transformación territorial desde una visión ideológica, corre el riesgo de opacar lo que realmente demanda el mercado global: consistencia, volumen, logística competitiva y seguridad jurídica.
La brecha entre la vitrina y el puerto
Chile no es un mercado masivo para el café colombiano en términos de volumen si se compara con Estados Unidos, Japón o Alemania. Según datos históricos de la Federación Nacional de Cafeteros y ProColombia, el mercado chileno absorbe menos del 2% de nuestras exportaciones totales de café. Su valor estratégico radica en ser un hub de distribución y un consumidor sofisticado que paga primas por calidad y origen. Por ello, la participación en ExpoCafé es correcta como táctica de posicionamiento de marca y de cafés especiales.
El problema surge cuando la política pública confunde la promoción comercial con la sustitución de la infraestructura y la institucionalidad. Llevar quince organizaciones a Santiago es un logro logístico de la ADR, pero esos mismos productores enfrentan en Colombia costos de transporte interno que, según el Banco Mundial y la ANDI, pueden representar hasta el 30% del valor final del producto debido al estado de la red vial terciaria. La “internacionalización” que menciona el presidente de la ADR, César Pachón, no se consolida en una feria de tres días, sino en la capacidad de entregar contenedores en Buenaventura o Cartagena con la misma eficiencia con la que un competidor vietnamita o brasileño lo hace en sus puertos.
Además, la narrativa de los “cultivos de paz” como eje de marketing internacional tiene un techo. Los compradores en Londres, Nueva York o Tokio valoran la estabilidad social, pero sus decisiones de compra se basan en certificaciones técnicas, trazabilidad y cumplimiento contractual. Cuando el discurso oficial prioriza la dimensión política del cultivo sobre su dimensión económica, se envía una señal mixta a los inversionistas y compradores. La paz territorial es un bien público deseable, pero no es una ventaja comparativa sostenible si no viene acompañada de productividad y Estado de derecho en las zonas productoras.
Institucionalidad versus voluntarismo estatal
Es justo reconocer que la ADR ha mantenido una agenda de internacionalización que beneficia al sector. La inclusión de capacitaciones del SENA y la participación de productores premiados internacionalmente, como la cacaotera Elizabeth Agudelo, demuestra que hay talento y capacidad técnica en el campo colombiano. Estos son activos reales que trascienden al gobierno de turno.
No obstante, la dependencia de estas ferias como mecanismo de “comercialización sin intermediarios” revela una falla de mercado que el Estado intenta suplir con activismo. En una economía de mercado funcional, la intermediación eficiente la proveen gremios, cooperativas robustas y empresas privadas con acceso a financiamiento y tecnología. Cuando el Estado debe actuar como el principal agente de conexión comercial de manera permanente, es síntoma de que la asociatividad privada o la infraestructura de mercado no han madurado lo suficiente.
Para que Colombia no solo asista a ferias, sino que domine mercados, se requiere una política de Estado que trascienda el ciclo electoral y la narrativa de la paz total. Necesitamos carreteras terciarias pavimentadas, puertos eficientes, tratados de libre comercio plenamente aprovechados y, sobre todo, seguridad jurídica para que la inversión privada en agroindustria florezca. La ExpoCafé Chile 2026 es un buen escaparate, pero el producto que se vende allí depende de una fábrica nacional que hoy muestra grietas institucionales y físicas que ninguna rueda de negocios puede reparar por sí sola.
El acierto de estar en Santiago debe celebrarse, pero sin perder de vista que el verdadero desafío no es convencer a un comprador chileno de la calidad de nuestro grano, sino garantizar que ese grano pueda salir de la finca colombiana sin que la ineficiencia estatal o la inseguridad se coman el margen que el mercado está dispuesto a pagar.