¿Hasta cuándo el fútbol colombiano seguirá siendo el escenario donde se representa, con puntualidad trágica, la erosión de nuestra convivencia? Lo ocurrido este sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín —la suspensión temporal del compromiso entre Independiente Santa Fe y América de Cali tras la invasión del terreno de juego por parte de hinchas— no es un hecho aislado ni una anécdota deportiva. Es, más bien, el espejo donde se refleja una sociedad que ha normalizado la violencia como forma de expresión colectiva, y unas instituciones que, una vez más, llegan tarde a la cita con la autoridad.
Los hechos, según la crónica de Caracol Radio, son tan graves como previsibles. El árbitro central ordenó el retiro de los jugadores a los camerinos ante la magnitud de los desmanes; la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que intervenir para dispersar a los invasores; y la Policía terminó por desalojar a parte de la hinchada escarlata del escenario. El alcalde Carlos Fernando Galán prometió sanciones, y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó los hechos y anunció medidas en la Comisión del Fútbol. Todo ello está bien, pero llega después de que el daño —el daño real, el simbólico, el institucional— ya estaba consumado.
La pregunta que debe formularse el país no es quién ganó o perdió el partido, sino qué clase de contrato social estamos suscribiendo cuando el espectáculo deportivo se convierte en campo de batalla. Tocqueville advertía que la democracia no se sostiene solo por las leyes, sino por los hábitos del corazón. Y los hábitos que se exhiben en las gradas de El Campín —y en tantos otros estadios del país— son los de una ciudadanía que ha olvidado que el rival no es un enemigo, que la pasión no justifica la agresión, y que el espacio público no es territorio de nadie. El fútbol, que debería ser la más civilizada de las pasiones colectivas, se ha convertido en Colombia en un ritual de tribalismo violento.
No se trata, por supuesto, de criminalizar a las hinchadas ni de estigmatizar a los clubes. La inmensa mayoría de los aficionados que asisten a los estadios lo hacen en paz, con su familia, con su camiseta y con su ilusión. Pero esa mayoría silenciosa y respetuosa es la que termina pagando los platos rotos de una minoría que ha secuestrado el espectáculo. Y aquí es donde la responsabilidad deja de ser exclusivamente de los violentos y pasa a ser de quienes tienen el deber de prevenir, contener y sancionar. ¿Dónde estaba la planeación de seguridad? ¿Qué protocolos fallaron para que decenas de personas pudieran saltar al campo sin resistencia efectiva? ¿Por qué las sanciones anunciadas por las autoridades distritales y por la Dimayor rara vez se traducen en consecuencias ejemplarizantes?
La historia reciente del fútbol colombiano está plagada de episodios similares, y la respuesta institucional ha sido, con honrosas excepciones, una sucesión de comunicados de rechazo, promesas de mano dura y olvidos cómodos. Arendt escribió sobre la banalidad del mal; en nuestro caso, podríamos hablar de la banalidad de la violencia: se repite, se condena, se olvida, y vuelve a repetirse. La Comisión del Fútbol de Bogotá tiene ahora una oportunidad para romper ese ciclo, pero para ello necesitará algo más que declaraciones. Necesitará identificar a los responsables con nombre y apellido, aplicar sanciones que realmente disuadan —incluyendo la prohibición de ingreso a estadios— y exigir a los clubes que asuman su corresponsabilidad en la gestión de sus barras.
Hay también una reflexión más profunda que no puede eludirse. El fútbol es, en Colombia, uno de los pocos espacios donde la sociedad se encuentra a sí misma en toda su diversidad. Cuando ese espacio se contamina con violencia, no solo se pierde un partido: se pierde un pedazo de la res publica. Los colombianos debemos preguntarnos si estamos dispuestos a seguir aceptando que la barbarie se siente en las gradas como si fuera una hinchada más. La respuesta no puede ser solo de las autoridades; tiene que ser también de los clubes, de los medios, de los patrocinadores y, sobre todo, de esa mayoría que aún cree que el fútbol puede ser otra cosa. El silencio cómplice, en estos casos, también es una forma de violencia.