¿Puede una región que alberga al 22% de los colombianos pero concentra el 41% de la pobreza multidimensional esperar que sus problemas se resuelvan desde la lógica centralista de Bogotá? La pregunta, formulada con crudeza estadística por Fundesarrollo, Cesore y Atarraya en su documento “Caribe 2030”, no admite respuesta complaciente. Los centros de pensamiento del Caribe han hecho lo que corresponde a quienes creen en el debate público: documentar, priorizar, proponer. Ahora le toca al país —y especialmente a quienes aspiran a gobernarlo— demostrar que esa labor no cae en el vacío institucional que tanto conocemos.
La tradición del liberalismo clásico hispanoamericano, que Tocqueville habría reconocido en su preocupación por el despotismo blando, siempre supo que la descentralización efectiva es condición de la libertad. No se trata de un romanticismo federalista: se trata de que las políticas públicas, para ser legítimas, deben responder a diagnósticos locales construidos con rigor. El documento del Caribe aborda empleo, seguridad, educación, salud, energía e infraestructura —nada menor— desde la evidencia regional, no desde los supuestos de quienes contemplan al país desde la meseta.
Hay algo más profundo en este ejercicio. Hannah Arendt, en La condición humana, distinguía entre el trabajo que produce bienes y la acción que genera espacio público. Los centros de pensamiento del Caribe han hecho ambas cosas: han producido conocimiento útil y, al hacerlo público antes de un ciclo electoral, han abierto un espacio donde antes predominaba la improvisación clientelista. Eso es, en sí mismo, un acto de institucionalidad democrática. No es panfleto opositor: cuando la academia regional se organiza para hablarle al poder, fortalece la res publica, la cosa pública que nos pertenece a todos.
La tentación del centro político será, como siempre, absorber estas propuestas en programas genéricos de campaña. El riesgo es que “Caribe 2030” termine como tantos documentos anteriores: citado retóricamente en discursos de posesión y olvidado sistemáticamente en los cuatro años siguientes. Los colombianos debemos ser exigentes con quienes piden el voto: que declaren explícitamente cuáles de estas prioridades asumen y con qué recursos. La oposición, por su parte, no debería usar el documento como mero instrumento contra el gobierno actual; también ella gobernó décadas sin resolver estas brechas.
La seguridad, el empleo de calidad, la expansión del crimen organizado que menciona el documento —estos no son problemas regionales en el sentido menor de la palabra. Son síntomas de un Estado que ha fallado en garantizar condiciones básicas de vida digna para una quinta parte de su población. Cuando Popper escribía sobre la sociedad abierta, advertía que las utopías globales suelen ignorar el sufrimiento concreto. “Caribe 2030” es, en cierto modo, un antídoto contra esa tentación: obliga a mirar lo particular, lo que duele aquí y ahora, en ciudades y costas que no aparecen en los titulares nacionales con la frecuencia que merecen.
La transición demográfica que señalan los autores —un envejecimiento relativo que se acelera en medio de la informalidad laboral— es especialmente preocupante. Las pensiones, la salud rural, la conectividad energética: son áreas donde la inversión privada requiere marcos estables y donde el Estado, cuando es eficiente, puede catalizar desarrollo sin sustituir al mercado. El comercio internacional, que La Bitácora defiende, encuentra en el Caribe puertos y logística subutilizados; pero también encuentra instituciones que no siempre responden con la celeridad que exige la competencia global.
El cierre de esta columna no puede ser optimista programático. La historia de las agendas regionales en Colombia está llena de buenas intenciones documentadas y de implementaciones fallidas. Lo que diferencia a “Caribe 2030” es la convergencia de tres centros de pensamiento que, mutatis mutandis, han decidido que la dispersión intelectual no sirve a sus territorios. Eso es institucionalidad. Eso es, quizás, lo más valioso: no solo lo que proponen, sino el modo en que se organizaron para proponerlo. El resto depende de si quienes aspiran a gobernar están dispuestos a leer con atención, o si seguirán gobernando para el espejismo de una Colombia homogénea que solo existe en los mapas políticos, no en la vida real de sus ciudadanos.