¿Qué significa que un país mate a tres hombres por el simple hecho de pedalear entre Silvia y Totoró? La pregunta no es retórica. Es la única que importa cuando la noticia de una masacre se convierte en estadística y la estadística en costumbre. El hallazgo de tres ciclistas asesinados a tiros en el sector de Miraflores, en el oriente del Cauca, no es un hecho aislado de violencia rural. Es un síntoma de algo más profundo: la pérdida del monopolio de la fuerza que define al Estado moderno.
El Cauca lleva años siendo el epicentro de una tragedia que Colombia parece haber normalizado. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el departamento acumula al menos doce masacres en lo que va de 2026, y el país suma setenta y siete. Son cifras que deberían paralizar la agenda pública. En cambio, se archivan entre la crónica roja y el comunicado oficial de rigor. Tres hombres en bicicleta, interceptados por un grupo armado no identificado, ejecutados con armas de alto calibre en una vía intermunicipal. No eran combatientes. No eran líderes sociales con escolta. Eran ciudadanos que se movilizaban por su territorio, ejerciendo el derecho más elemental: transitar.
Hannah Arendt escribió que la violencia aparece donde el poder está en peligro, pero que su triunfo final es la desaparición del poder mismo. Lo que ocurre en el Cauca no es solo la presencia de grupos armados disputando rutas de narcotráfico o economías ilegales. Es la evidencia de que el Estado ha cedido el control efectivo de amplias zonas del territorio nacional. Cuando un ciudadano no puede salir en bicicleta sin arriesgar la vida, la res publica ha dejado de existir en ese lugar. No hay derechos sin fuerza pública que los garantice. No hay libertad sin seguridad. No hay paz sin Estado.
La política de paz total del gobierno Petro merece ser evaluada con seriedad, no con caricatura. La intención de negociar con actores armados para reducir la violencia no es, en sí misma, ilegítima. Colombia ha intentado procesos de paz con resultados mixtos desde los años ochenta. El problema no es negociar. El problema es negociar sin una estrategia clara de contención territorial, sin fortalecimiento simultáneo de la fuerza pública y sin mecanismos de verificación que impidan que los grupos armados usen los diálogos como pausa táctica para expandirse. Los resultados están a la vista: mientras se negocia en La Habana o en Caracas, en el Cauca se asesina a ciclistas.
Es justo reconocer que el gobierno heredó una situación de violencia que no creó. El Cauca fue durante décadas territorio de las FARC, luego de sus disidencias, del ELN, de estructuras paramilitares y de carteles locales. La presencia estatal siempre fue precaria. Pero la responsabilidad de gobernar no admite excusas históricas. Quien ocupa la Presidencia asume la obligación de proteger a todos los colombianos, no solo a los que habitan las zonas donde el Estado tiene presencia cómoda. La Constitución no distingue entre ciudadanos de primera y de segunda categoría según su ubicación geográfica.
La oposición, por su parte, debe resistir la tentación del oportunismo. Denunciar la violencia es legítimo. Usarla como munición electoral sin proponer alternativas serias es una forma de complicidad pasiva. Colombia necesita un debate honesto sobre seguridad: cuántos soldados y policías se requieren, dónde deben estar, qué inteligencia se necesita, cómo se articula la acción judicial con la militar, qué inversión social acompaña la presencia armada. Nada de eso se resuelve con trinos ni con comunicados de repudio.
Tocqueville observó que las democracias mueren cuando los ciudadanos dejan de creer que las instituciones pueden protegerlos. En el Cauca, esa muerte ya ocurrió hace tiempo. Los campesinos, los indígenas, los comerciantes, los ciclistas que transitan por Miraflores saben que el Estado no llega. Saben que la justicia es lenta, que la fuerza pública es escasa y que los grupos armados mandan. Reconstruir esa confianza no se logra con discursos sobre la paz total. Se logra con presencia permanente, con resultados verificables, con la certeza de que asesinar a tres hombres en bicicleta tiene consecuencias.
Los tres ciclistas del Cauca no tenían nombre en la noticia. Eran tres hombres que se movilizaban en bicicleta. Esa anonimidad es quizás el detalle más terrible. En un país donde las masacres se cuentan por decenas cada año, las víctimas se vuelven cifras antes de que sus familias terminen de llorarlas. La pregunta que queda no es cuándo será la próxima masacre. Es cuántas más hacen falta para que Colombia decida que el monopolio de la fuerza no es negociable.