El Ejército Nacional reportó el 29 de junio la destrucción de 81 unidades de producción minera ilegal en la vereda San Isidro, municipio de Río Quito, Chocó, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Según el reporte oficial, fueron inutilizados 15 “dragones brasileños”, 66 motores y 88 motobombas, además de 49 gramos de mercurio, dos celulares, un módem y documentación. El Comando General de las Fuerzas Militares atribuyó el operativo a una operación conjunta del Ejército, la Armada, la Policía y la Fiscalía, dirigida contra las finanzas del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.
El dato es relevante por tres razones. Primero, porque confirma que la extracción ilícita de oro en el Pacífico colombiano sigue siendo una de las principales fuentes de renta de esa estructura criminal, como lo señaló el propio Ejército en su comunicado. Segundo, porque el volumen de maquinaria destruida —81 unidades en una sola intervención— sugiere que la operación se ejecutó sobre un enclave consolidado, no sobre una actividad dispersa. Tercero, porque la presencia de mercurio entre los elementos incautados recuerda que el daño ambiental no se detiene con la destrucción de equipos: los ríos y bosques de Río Quito ya cargan décadas de contaminación.
La columna vertebral del problema, sin embargo, no se resuelve con operativos tácticos. El Chocó tiene uno de los índices de pobreza multidimensional más altos del país, una presencia estatal limitada y una economía formal casi inexistente en buena parte de sus municipios. En ese contexto, la minería ilegal no es solo un negocio criminal: es, para muchas familias, la única fuente de ingreso disponible. Mientras la oferta institucional no ofrezca alternativas reales —vías, electrificación, títulos mineros formalizados, asistencia técnica—, cada dragón destruido será reemplazado por otro en cuestión de meses. Las Fuerzas Militares lo saben. La pregunta es si el resto del Estado está dispuesto a hacer la parte que le corresponde.
Hay además un componente judicial que no debe perderse de vista. La destrucción de maquinaria, por sí sola, no genera condenas. Para que estas operaciones tengan efecto disuasorio sostenido, la Fiscalía debe avanzar en procesos por explotación ilícita de yacimientos minerales (artículo 338 del Código Penal) y lavado de activos, y los jueces deben imponer medidas que afecten el patrimonio de las estructuras que financian la actividad. La coordinación operativa que menciona el reporte —Ejército, Armada, Policía, Fiscalía— es la correcta. Falta ver si esa coordinación se traduce en sentencias ejecutoriadas.
La decisión del procurador general de investigar supuestos beneficios al Clan del Golfo, reportada por Vanguardia, apunta en la dirección de cerrar los espacios de protección que esa estructura ha tenido históricamente. Si esa línea avanza, el golpe militar en Río Quito dejará de ser un dato aislado y pasará a formar parte de una política sostenida. Si no, seguirá siendo —como ha ocurrido tantas veces en el Chocó— un titular que se repite cada cierto tiempo, con las mismas cifras de maquinaria destruida y los mismos ríos contaminados.
Como reportó Vanguardia, la operación se ejecutó en una zona donde el Clan del Golfo obtiene recursos de la explotación ilícita de oro. El desafío ahora es que la institucionalidad colombiana —no solo la militar— permanezca en el territorio.