La decisión del Gobierno Nacional de mantener inalterados los precios de la gasolina corriente y el ACPM durante septiembre de 2026 responde a una lógica humanitaria comprensible tras el reciente evento sísmico. En momentos de crisis, la estabilidad nominal de los insumos básicos funciona como un ancla logística necesaria para facilitar la movilidad de la ayuda y evitar la especulación en zonas afectadas. Sin embargo, desde una perspectiva de política económica y seguridad energética regional, esta pausa administrativa no debe confundirse con una solución estructural ni convertirse en un precedente que reactive viejos vicios populistas en la formación de precios.
Según reportó Diario del Norte, para las trece principales ciudades del país el valor promedio de referencia se conservará en $15.887 para la gasolina corriente durante este periodo. Esta cifra, si bien ofrece alivio transitorio a los consumidores, continúa reflejando un diferencial respecto a la paridad de importación en un contexto donde los mercados internacionales de energía muestran volatilidad. La medida plantea interrogantes legítimos sobre cómo se cubrirá este nuevo desvío respecto a la fórmula técnica y qué impacto tendrá en las expectativas de los agentes económicos que venían ajustándose a una senda de convergencia gradual.
El costo oculto de la estabilidad en emergencia
Desde Bucaramanga y con la mirada puesta en los indicadores macroeconómicos, resulta imperativo distinguir entre la gestión de la catástrofe y la gestión de la hacienda pública. Los datos históricos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) recuerdan que cada peso subsidiado o dejado de recaudar en coyunturas excepcionales se traduce en deuda contingente o en recortes futuros de inversión social. Según proyecciones de analistas del sector energético y reportes previos del Ministerio de Hacienda, el déficit acumulado del fondo ha sido uno de los mayores desafíos fiscales de la última década.
Si bien la suspensión del ajuste mensual es justificable bajo criterios de fuerza mayor, el riesgo latente es que la excepción se normalice. En economías vecinas como Ecuador o Bolivia, se ha documentado cómo los controles de precios aplicados inicialmente como medidas temporales de protección social terminaron distorsionando las cadenas de suministro, fomentando el contrabando hacia Colombia y generando desabastecimiento crónico. La experiencia comparada en la región andina sugiere que cuando la señal política pesa más que la señal de mercado, la recuperación post-desastre tiende a volverse más costosa y lenta.
Además, en un entorno global donde la prima de riesgo geopolítico afecta los fletes y los seguros marítimos, mantener tarifas congeladas podría enviar una señal contradictoria a los inversionistas privados en infraestructura logística y almacenamiento. Si el Estado asume nuevamente el rol de fijador de precios discrecional en lugar de regulador técnico, la confianza necesaria para modernizar nuestra capacidad de respuesta ante futuras emergencias se erosiona.
Transparencia como garantía institucional
No se trata de abogar por un alza insensible en medio del dolor colectivo, sino de exigir transparencia sobre la duración y el financiamiento de esta medida. ¿Existe una partida específica aprobada para cubrir este diferencial de septiembre? ¿Se ha comunicado claramente al mercado que esto es un paréntesis acotado y no un cambio de rumbo en la política de combustibles? La credibilidad institucional se juega en estos detalles técnicos.
Como medio que defiende el Estado de derecho y la responsabilidad fiscal, reconocemos la necesidad de proteger a la ciudadanía en la fase aguda de la emergencia. Pero también advertimos que la mejor solidaridad es aquella que no hipoteca el futuro. Mantener los precios sin cambios en septiembre es una decisión administrativa válida para la coyuntura; lo preocupante sería que el sismo se utilizara como justificación para abandonar la disciplina fiscal que tanto ha costado construir.
La región andina observa con atención. Nuestros socios comerciales y organismos multilaterales evalúan la solvencia de Colombia no solo por sus reservas internacionales, sino por la coherencia de sus políticas domésticas frente a choques exógenos. Una respuesta solidaria pero fiscalmente ordenada fortalece nuestra posición negociadora y nuestra calificación crediticia. Una respuesta improvisada que reactive subsidios generalizados sin fuente de financiación clara, por el contrario, nos hace vulnerables en un hemisferio donde el capital premia la previsibilidad y castiga el voluntarismo.
En definitiva, el congelamiento de tarifas es un paliativo necesario, pero insuficiente por sí solo. La verdadera prueba de madurez institucional llegará cuando pase la emergencia mediática y debamos retomar la senda de precios eficientes que reflejen costos reales, garantizando al mismo tiempo redes de protección focalizadas para los más vulnerables. Esa es la única vía sostenible para blindar a Colombia de futuros shocks, sean sísmicos o financieros.