El Consejo Gremial Nacional, que reúne a las principales asociaciones empresariales del país, decidió esta semana salir del silencio. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, leyó un comunicado en el que pidió respeto por el proceso electoral y rechazó de manera expresa los discursos de confrontación que, según la agremiación, han ganado espacio en las últimas semanas.
La declaración no es retórica menor. Proviene de un sector que suele privilegiar la prudencia pública y que rara vez se pronuncia sobre la temperatura política. Cuando lo hace, suele ser porque el ruido ya interfiere con decisiones de inversión, con la planeación de proyectos o con la estabilidad regulatoria. Esa es la señal que hay que leer.
Según reportó La República, Gutiérrez advirtió que las declaraciones polarizantes de las últimas semanas no contribuyen a la confianza que requiere la economía ni a la legitimidad del debate democrático. El gremio llamó a los actores políticos, incluidos los candidatos, a concentrar la discusión en propuestas verificables y a evitar la personalización del conflicto.
El pronunciamiento llega en un momento particularmente sensible. El calendario electoral de 2026 avanza con un Ejecutivo que ha mantenido una estrategia de movilización permanente, una oposición fragmentada y un cuerpo electoral que, según las encuestas disponibles, muestra niveles crecientes de desafección. En ese contexto, el llamado gremial a la mesura no es neutral: es una toma de posición a favor de las reglas del juego.
Desde La Bitácora hemos sostenido que la defensa del Estado de derecho no es patrimonio de ningún partido. Es, sobre todo, una obligación del sector productivo, que depende de contratos respetados, de tribunales independientes y de una fuerza pública profesional. Cuando un gremio como el Consejo Gremial habla, no habla solo en nombre de sus afiliados: habla en nombre de una economía que necesita certezas para funcionar.
Hay, sin embargo, un punto que el comunicado no resuelve. El rechazo a la confrontación es necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de un compromiso concreto con la institucionalidad. La polarización no se combate solo con llamados a la calma; se combate con respeto a los procedimientos, con transparencia en el financiamiento de las campañas y con sanciones efectivas para quienes instrumentalizan el Estado.
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía tienen en sus despachos expedientes abiertos sobre presunta manipulación de recursos públicos con fines proselitistas. Esos procesos, y no los discursos, son los que definirán si el país atraviesa el ciclo electoral sin nuevas fracturas institucionales. El Consejo Gremial haría bien en acompañar su llamado con un seguimiento público a esas investigaciones.
Por ahora, queda el dato: el sector productivo colombiano, representado por sus principales agremiaciones, considera que el nivel de confrontación verbal ha cruzado un umbral. Si el Gobierno y las campañas escuchan, el país tendrá una elección. Si no la escuchan, la tendrán de todas formas, pero con una economía más débil y una sociedad más desconfiada.
La pelota está en la cancha de quienes tienen la vocería política. Y el reloj, como siempre, corre.