El sistema cooperativo de crédito en Colombia enfrenta un dilema estructural que trasciende la voluntad política: concentra su cartera en financiamiento de consumo cuando la economía regional demanda capital para inversión productiva. No es un problema de normas. Es un problema de ingeniería financiera.
Las cooperativas movilizan recursos de sus asociados hacia créditos de corto plazo, bajo riesgo percibido y alta rotación. Eso genera márgenes predecibles. Pero deja sin acceso a capital de trabajo y activos fijos a pequeños productores, comerciantes y emprendedores que necesitarían plazos más largos y estructuras de garantía más sofisticadas.
Por qué el consumo domina
La razón es económica, no ideológica. Un crédito de consumo de $5 millones a 36 meses genera ingresos por comisiones, tasas y seguros en ciclos cortos. El cooperativista paga, refinancia, vuelve a pagar. La cooperativa conoce su flujo de caja. En cambio, un crédito agrícola o de capital de trabajo exige evaluación de proyectos, seguimiento técnico, riesgo de cosecha o mercado, y plazos que pueden extenderse 5 o 7 años.
Eso requiere capacidades que muchas cooperativas pequeñas no tienen: analistas de riesgo agrícola, ingenieros que validen proyectos, sistemas de información para monitoreo. Y requiere márgenes más altos para compensar el riesgo, lo que encarece el crédito precisamente para quienes menos pueden pagar.
La brecha con el crédito comercial
Los bancos comerciales tampoco resuelven bien este problema, pero por razones distintas. Exigen garantías hipotecarias o prendarias que muchos pequeños productores no tienen. Cobran tasas que reflejan riesgo país y costo de fondeo en mercados internacionales. Las cooperativas, teóricamente, deberían tener ventaja: conocen a sus asociados, tienen información de comportamiento de pago, pueden usar garantías alternativas.
Pero esa ventaja se desaprovecha cuando la cooperativa no invierte en productos crediticios diseñados para producción. Un crédito agrícola no es un crédito de consumo con plazo más largo. Requiere desembolsos escalonados, seguimiento de ciclos de cultivo, cláusulas de riesgo climático, posibilidad de restructuración si hay sequía o plagas.
Qué significa para la región andina
Este problema no es exclusivo de Colombia. En Perú y Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito también concentran cartera en consumo. En Bolivia, donde el cooperativismo es más fuerte en minería, la transición hacia financiamiento de cadenas de valor ha sido lenta y costosa.
La implicación es que el crédito productivo en la región andina sigue siendo capturado por bancos grandes, fondos de inversión y, cada vez más, por plataformas fintech que no tienen arraigo territorial pero sí capacidad de análisis de datos. Las cooperativas pierden relevancia precisamente donde deberían ser más fuertes: en financiamiento de economía local.
El desafío real
La regulación puede facilitar o dificultar, pero no resuelve. La Superintendencia Financiera podría autorizar a cooperativas a hacer crédito agrícola con garantías alternativas, y aun así muchas no lo harían porque no tienen el talento interno ni los sistemas para hacerlo bien.
Lo que se necesita es inversión en capacidades: formación de analistas de riesgo en cooperativas medianas, sistemas de información compartidos entre cooperativas pequeñas, fondos de garantía que cubran riesgo agrícola, alianzas con universidades para evaluación técnica de proyectos.
Algunos fondos de desarrollo (como Finagro en Colombia) han intentado esto, pero con resultados mixtos. Las cooperativas que lo han logrado tienden a ser grandes, urbanas, o especializadas en un sector (crédito agrícola, crédito ganadero).
Implicaciones para Colombia
Si el cooperativismo no diversifica su cartera, dos cosas ocurren. Primero, el crédito productivo sigue concentrado en bancos grandes, que cobran tasas altas y exigen garantías que excluyen a pequeños productores. Segundo, cuando hay crisis de liquidez (como la de 2023), las cooperativas que dependen de consumo sufren más porque sus asociados dejan de pagar.
Para la región andina, significa que el financiamiento de pequeña y mediana empresa sigue siendo un cuello de botella. Y eso limita la diversificación económica que Colombia, Perú y Ecuador necesitan para reducir dependencia de commodities.
El próximo paso no es regulatorio. Es empresarial: cooperativas que inviertan en talento, tecnología y productos diseñados para producción. Y gobiernos que faciliten eso con fondos de garantía, no solo con decretos.