¿Puede una cooperativa de docentes fundada en 2002 con 52 socios enseñarle algo a la política económica nacional? La pregunta parece retórica, pero la respuesta de Coomuldenorte —hoy con 15.000 asociados, cinco agencias en Norte de Santander y 24 años de operación— sugiere que el cooperativismo no es un capítulo menor de nuestra historia económica, sino una pregunta permanente sobre cómo organizamos la vida en común.
El Día Internacional de las Cooperativas, celebrado este 4 de julio bajo el lema “Cooperativas para un mundo pacífico”, arriba en un momento de singular fragilidad. La Alianza Cooperativa Internacional reúne en Panamá a sus delegados en septiembre con una tesis que merece atención seria: donde hay una cooperativa, según su presidente Ariel Guarco, “hay una semilla de paz, democracia, inclusión y equidad”. La formulación es optimista, como corresponde a una celebración institucional, pero contiene una intuición política más robusta de lo que parece. Las cooperativas no distribuyen caridad estatal ni reproducen la lógica del accionista anónimo. Operan en un territorio intermedio: propiedad colectiva con gestión democrática, solidaridad sin coerción, beneficio mutual sin exclusión del mercado.
Este modelo resuena con una tradición que los colombianos hemos olvidado con demasiada frecuencia. Tocqueville observó en la América del siglo XIX que las asociaciones voluntarias eran la escuela de la libertad republicana. No el Estado tutelar, no el individuo aislado, sino el cuerpo intermedio donde los ciudadanos aprenden a deliberar, a perder, a construir confianza. El cooperativismo es, mutatis mutandis, una expresión de esa lógica en el campo económico. Cuando Rubén Becerra, gerente de Coomuldenorte, destaca que sus asociados financian emprendimientos y carreras universitarias, está describiendo algo más que un producto crediticio: está describiendo la formación de capital social en una región marcada por la violencia y la informalidad.
La pregunta incómoda es por qué este modelo permanece marginal en el debate público colombiano. Nuestra política económica oscila entre dos fantasías simétricas: la del Estado redentor que resolverá todo mediante decreto, y la del mercado autoregulado que distribuirá eficiencia sin fricción. El cooperativismo pertenece a una tercera vía menos espectacular pero más terrenal: la asociación libre que no espera permiso del poder ni abdica de la responsabilidad individual. En Norte de Santander, donde el conflicto armado desarticuló tejidos comunitarios, la persistencia de Coomuldenorte y otras cooperativas del sector solidario sugiere que la reconstrucción de la paz no depende únicamente de acuerdos de alto nivel, sino también de estas “semillas” institucionales que Jeroen Douglas, director general de la ACI, identifica como generadoras de “justicia, inclusión y confianza”.
No hay que idealizar. Las cooperativas colombianas han enfrentado crisis de gobernanza, capturas políticas, desfalcos. La propiedad colectiva no es inmune al pecado humano. Pero precisamente porque reconocen esa fragilidad, operan con mecanismos de rendición de cuentas que el Estado monopólico no siempre tiene incentivos para imitar: asambleas de socios, elección de directivas, distribución proporcional de excedentes. Son, en el vocabulario de Popper, instituciones de la “sociedad abierta” —sujetas a corrección, abiertas al escrutinio, dependentes de la participación activa de sus miembros.
El gobierno actual ha preferido, en general, el lenguaje de la “economía popular” vinculada al aparato estatal antes que el fortalecimiento de estas asociaciones autónomas. Es una elección política legítima, pero no por eso inobjetable. Si la paz que proclamamos es la “paz positiva” de la declaración de la ACI de 2019 —aquella que va más allá de la ausencia de conflicto armado para construir sociedades inclusivas— entonces el cooperativismo debería ocupar un lugar más central en nuestra arquitectura institucional, no como reemplazo del sector público o privado, sino como complemento que resuelve fallas que ambos dejan en los territorios.
Coomuldenorte no es una ONG ni una empresa estatal. Es una asociación de ciudadanos que decidieron, libremente, compartir riesgos y beneficios en una región donde eso sigue siendo un acto de esperanza. La política nacional debería preguntarse, con humildad, qué barreras regulatorias, fiscales o culturales impiden que esas semillas se multipliquen. Y debería preguntarse también, con urgencia, si nuestra obsesión por la polarización ideológica no nos está haciendo perder de vista lo que funciona en silencio, lejos de los titulares, en las agencias de Cúcuta, Ocaña, Chinácota, Toledo.
La cooperativa de docentes cumple 25 años el año entrante. No necesitamos convertirla en símbolo para reconocer que encarna una pregunta que Colombia sigue sin responder: ¿cómo construimos prosperidad sin renunciar a la libertad, ni a la solidaridad, ni a la responsabilidad individual?