El comandante del Gaula Militar, coronel Stick Amaral, aseguró en una entrevista con Caracol Radio que está a favor de revisar las restricciones al porte legal de armas en Colombia. Según reportó Infobae Colombia, el oficial se definió como «pro armas» y sostuvo que flexibilizar el esquema podría operar como factor disuasorio frente a la extorsión. La declaración no fue una defensa irrestricta: en la misma entrevista reconoció que la manipulación de armas «siempre va a representar un riesgo» y descartó una apertura total.
El pronunciamiento tiene peso por la proveniencia institucional. El Gaula es la unidad especializada en secuestro y extorsión de las Fuerzas Militares, y su comandante suele ser consultado sobre percepción de seguridad. Que desde ese mando se impulse una apertura del porte legal instala el debate en un plano que el Ministerio de Defensa había evitado abordar con esa franqueza. ¿Se trata de una opinión personal o del inicio de un giro de política? La pregunta queda abierta y la cartera de Defensa todavía no se pronunció públicamente.
Amaral aportó un guarismo para sostener su posición. Según Infobae, afirmó que el porcentaje de delitos cometidos con armas de origen legal «no alcanza, no supera el 1% a nivel nacional», y a partir de ese dato concluyó que los hechos violentos se ejecutan con armamento de origen ilegal. La afirmación, tal como fue presentada en la entrevista, no incluyó cita a una fuente específica. Para verificarla habría que cruzar reportes del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y de la Dirección de Control de Armas, una tarea que esta columna no puede reemplazar. Lo que corresponde es registrar que el dato existe, que circuló en un medio nacional y que llegó a la opinión pública sin respaldo documental visible.
Esa ausencia es relevante. Si la discusión va a tomarse en serio, el punto de partida tiene que ser información pública y trazable. ¿Cuántos permisos de porte están vigentes hoy en el país? ¿Qué proporción de armas decomisadas en la escena de los delitos fue tramitada legalmente? ¿Cuántos exámenes psicofísicos fueron rechazados en el último año? Sin respuesta a esas preguntas, cualquier reforma será declarada y no técnica.
El contexto normativo tampoco es menor. El artículo 223 de la Constitución reserva al Estado el monopolio sobre las armas, y la restricción firmada por el presidente Gustavo Petro, recordada por Infobae, sólo permite la tenencia con salvoconducto en inmuebles, fincas o comercios, no el porte en vía pública. Cualquier modificación exige pasar por el Congreso o por un decreto del Ministerio de Defensa, y debería acompañarse de estudios de impacto y de evidencia estadística verificable.
El coronel también describió un escenario preocupante en materia de extorsión. Reconoció la existencia de un subregistro en las denuncias y sostuvo que los grupos criminales habrían recurrido a herramientas digitales para ampliar su alcance, reducir su exposición y mantener rentabilidad, según la reseña de Infobae. Ese diagnóstico coincide con alertas que la Fiscalía y el propio Gaula han formulado en los últimos meses, y vuelve a colocar la discusión en un terreno conocido: la capacidad estatal de prevención y respuesta está desbordada, y parte de la ciudadanía percibe que la protección oficial es insuficiente.
Esa percepción alimenta los discursos que proponen armar a la población como atajo. ¿Es razonable recorrer ese camino? La experiencia comparada muestra que un mercado legal más amplio suele convivir con mercados ilegales persistentes, y que los picos de violencia con armas de fuego tienden a asociarse a la disponibilidad agregada, no sólo a la calidad de los filtros. El propio Amaral advirtió que una liberalización amplia podría derivar en un «escenario muy bélico» y mencionó exámenes psicológicos, controles de actitud psicofísica y la necesidad de que el Estado conserve la facultad de entregar, supervisar y retirar permisos. ¿Tienen esas salvaguardas la capacidad operativa para sostenerse en el tiempo? Tampoco eso fue respondido.
Por ahora, lo que queda sobre la mesa es la posición de un oficial con mando real en la lucha contra secuestro y extorsión, que se define «pro armas» y pide revisar el esquema. El Ministerio de Defensa debe responder si comparte el diagnóstico, si tiene los estudios para acompañar una apertura y si está dispuesto a discutir el asunto con la seriedad institucional que el tema exige. La seguridad no se resuelve con declaraciones: se resuelve con política pública sostenida, datos públicos y controles que efectivamente funcionen.