Las cifras del primer semestre de 2026 confirman una tendencia que venimos advirtiendo desde Bucaramanga: la política de contención de precios de los combustibles se ha convertido en el mayor pasivo contingente de las finanzas públicas nacionales. Según reportes oficiales, entre enero y junio el Gobierno Nacional asumió un subsidio de $8.000 por cada galón de diésel y $1.500 por galón de gasolina corriente. Esta transferencia de recursos no es un alivio temporal para la inflación, sino una apuesta fiscal de alto riesgo que compromete la estabilidad macroeconómica en un entorno regional ya deteriorado.
La trampa del diésel subsidiado
El subsidio al diésel merece un análisis diferenciado respecto a la gasolina corriente. Mientras el apoyo a la gasolina tiene un componente social directo sobre el transporte urbano y la movilidad básica, el subsidio al diésel funciona como un mecanismo de protección a la estructura de costos del sector productivo y logístico. En teoría, esto evita un choque inflacionario en alimentos y bienes transables. En la práctica, sin embargo, crea una distorsión severa en la asignación de recursos.
Al mantener artificialmente bajo el precio del insumo más crítico para el transporte de carga, se desincentiva la modernización de flotas y la eficiencia energética. Más grave aún para un país con vocación atlantista y dependiente del comercio exterior, este esquema erosiona la competitividad real. Los socios comerciales de Colombia, tanto en la Alianza del Pacífico como en Estados Unidos, operan con precios internacionales. Subsidiar el flete interno no resuelve los problemas de infraestructura vial ni la inseguridad en las carreteras; simplemente traslada el costo de esa ineficiencia al balance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) o a su equivalente presupuestal actual.
Desde una perspectiva de mercado, esta señal es preocupante. Indica que la administración prefiere financiar ineficiencias estructurales antes que implementar reformas logísticas impopulares pero necesarias. Para los inversionistas institucionales y las calificadoras de riesgo, un subsidio de esta magnitud en pleno año electoral —recordemos que 2026 es coyuntura decisiva— se lee como populismo fiscal disfrazado de política antiinflacionaria.
Comparativa regional y riesgos externos
El contexto hemisférico agrava la situación colombiana. Si miramos a nuestros vecinos, la lección es clara. Ecuador intentó mantener subsidios generalizados durante años y terminó enfrentando estallidos sociales cuando la realidad fiscal forzó correcciones abruptas. Perú, por el contrario, ha mantenido mecanismos de estabilización más acotados y temporales, preservando espacio fiscal para inversión pública. Colombia parece estar transitando un camino intermedio peligroso: ni la eliminación gradual que recomienda la técnica económica, ni la sostenibilidad política de un subsidio permanente.
Además, debemos considerar la variable Washington. En un entorno donde la Reserva Federal mantiene tasas de interés elevadas y el dólar fuerte presiona las importaciones de energía, subsidiar el consumo interno de derivados del petróleo equivale a exportar reservas internacionales indirectamente. Cada dólar que dejamos de percibir por vender diésel a precio paridad de exportación es un dólar que debe financiarse con deuda externa más cara o con emisión monetaria que alimenta la devaluación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido consistente en sus recomendaciones a Colombia: los subsidios a los combustibles fósiles son regresivos, ambientalmente dañinos y fiscalmente insostenibles. Mantener un traslado de $8.000 por galón de diésel en 2026 contradice directamente la hoja de ruta de acceso y permanencia en este club de buenas prácticas económicas. No se trata de ideología, sino de aritmética básica: los recursos que se destinan a tapar el hueco del FEPC son recursos que no van a educación, seguridad jurídica o infraestructura portuaria.
El costo de oportunidad institucional
Como medio que defiende el Estado de derecho y la responsabilidad fiscal, reconocemos que eliminar subsidios en un entorno de alta inflación requiere una red de protección social bien diseñada. No abogamos por un shock terapéutico ciego. Sin embargo, la opacidad en la ejecución de estos recursos y la falta de un cronograma claro de convergencia a precios de mercado generan incertidumbre. La institucionalidad económica de Colombia se fortalece cuando las reglas son claras y predecibles, no cuando dependen de la disponibilidad coyuntural de caja o del calendario electoral.
El gobierno actual enfrenta un dilema legítimo entre contener la inflación y sanear las finanzas públicas. Pero la evidencia del primer semestre sugiere que se está priorizando el corto plazo político sobre la solvencia de mediano plazo. Para la región andina y para nuestros aliados comerciales, la señal es de fragilidad. Un país que aspira a ser hub logístico y energético no puede permitirse el lujo de subsidiar su propia ineficiencia indefinidamente. El mercado tolera los desequilibrios temporales, pero castiga la ausencia de estrategia de salida. Y hasta ahora, esa estrategia brilla por su ausencia.