La administración de Donald Trump ha logrado lo que muchos analistas consideraban inviable hace apenas unos meses: un marco acordado para el desarme total de Hamás y la transferencia administrativa de Gaza a un comité de tecnócratas palestinos. Este anuncio, realizado en coordinación con la Junta de Paz establecida tras el alto el fuego de octubre, no es solo un hito en el conflicto israelí-palestino; representa una reconfiguración de la arquitectura de seguridad en Oriente Medio con implicaciones directas para la política exterior colombiana y andina.
Para Bogotá, acostumbrada a navegar entre retóricas ideológicas y pragmatismo comercial, este desarrollo exige un ajuste fino. La región andina depende de la estabilidad global para sus exportaciones y flujos de inversión, y la consolidación de un eje atlantista renovado bajo liderazgo estadounidense redefine los incentivos geopolíticos. Si bien el foco mediático está en Gaza, las señales que envía Washington sobre condicionalidad, gobernanza técnica y seguridad son mensajes cifrados para todos sus socios hemisféricos.
Tecnocracia versus control territorial
El núcleo del acuerdo reside en la sustitución de una estructura armada por una administración civil supervisada internacionalmente. Hamás entregaría sus arsenales de forma gradual al Comité Nacional Palestino, un panel de expertos apolíticos que asumiría la gestión diaria de la Franja. Esta transición recuerda, salvando las distancias históricas, a los procesos de desmovilización en Colombia donde la entrega de armas fue condición sine qua non para la participación política y la cooperación internacional.
Sin embargo, hay diferencias estructurales críticas. En nuestro contexto, la verificación contó con mecanismos mixtos y acompañamiento de la ONU y la OEA (Organización de Estados Americanos). En Gaza, la supervisión recae en una junta cuya legitimidad depende enteramente del respaldo estadounidense e israelí. Israel, que aún guarda silencio oficial sobre los detalles operativos, mantiene la llave de la implementación: sin el cese efectivo de bombardeos y la apertura de corredores humanitarios verificables, el desarme se convierte en una entelequia.
Desde una perspectiva de mercado y riesgo político, la apuesta por tecnócratas sobre facciones armadas es positiva en teoría. Los inversores y los organismos multilaterales prefieren interlocutores predecibles y auditables. No obstante, la experiencia latinoamericana demuestra que imponer administraciones técnicas sin base social sólida genera vacíos de poder que suelen llenarse por economías ilegales o nuevas insurgencias. La pregunta para los formuladores de política en Bruselas y Washington no es solo si Hamás entregará las armas, sino qué institución llenará el vacío de autoridad legítima en el día después.
Señales para la política exterior colombiana
Este acuerdo llega en un momento de reevaluación estratégica para Colombia. Nuestra relación con Washington atraviesa una fase de realismo transaccional, donde la cooperación en seguridad y comercio se vincula cada vez más a resultados tangibles en Estado de derecho y lucha contra el crimen transnacional. El éxito o fracaso del modelo de Gaza servirá como caso de estudio para futuras intervenciones diplomáticas estadounidenses en el hemisferio.
Si la estrategia de “desarme por gobernanza técnica” funciona en un entorno tan hostil como Gaza, validará el enfoque de condicionalidad estricta que sectores en el Congreso estadounidense ya proponen aplicar a la ayuda antidrogas en los Andes. Por el contrario, si el acuerdo colapsa por falta de garantías de seguridad o rechazo local, reforzará a los críticos de la intervención externa y complicará la narrativa atlantista en Latinoamérica.
Para Colombia, la lección es doble. Primero, la importancia de mantener canales técnicos abiertos con todas las partes relevantes, evitando que la política exterior sea rehén de ciclos electorales externos. Segundo, la necesidad de fortalecer nuestras propias instituciones de seguridad y justicia como activo geopolítico. En un mundo donde Washington prioriza socios que ofrezcan estabilidad verificable, la profesionalización de nuestra fuerza pública y la independencia judicial son tan importantes como cualquier tratado comercial.
Incertidumbre y pragmatismo necesario
Es prematuro celebrar el fin del conflicto. El acuerdo carece de calendario vinculante y la historia reciente de Oriente Medio está llena de pactos firmados con fanfarria que se desmoronaron en silencio. Según proyecciones de centros de análisis regionales, la viabilidad del Comité Nacional dependerá de su capacidad para generar empleo básico y servicios públicos en menos de seis meses; de lo contrario, la nostalgia por el orden armado podría resurgir.
Como medio institucionalista, reconocemos el valor de intentar una salida negociada basada en reglas y no en la fuerza bruta. Pero también somos escépticos de las soluciones mágicas importadas. La paz duradera requiere legitimidad endógena, no solo diseño externo. Para Colombia y la región andina, el mensaje es claro: debemos observar con atención, aprender de los aciertos y errores ajenos, y seguir construyendo nuestra propia estabilidad con soberanía y responsabilidad fiscal. El desarme de Hamás es un paso necesario, pero insuficiente. La verdadera prueba comienza ahora, tanto en Gaza como en nuestra propia vecindad hemisférica.