Un ciudadano extranjero permanece retenido en Bogotá desde la semana pasada, a la espera de un documento que todavía no se produce. No se trata de cualquier papel: es el dictamen de Medicina Legal sobre el examen forense practicado a un menor en el barrio Navarra, localidad de Usaquén, tras una alerta vecinal que terminó en captura en flagrancia, según reportó Pulzo.
De acuerdo con la nota publicada por ese portal, la intervención policial se produjo después de que vecinos observaran al hombre con uno de los niños en un balcón y avisaran a las autoridades. En el apartamento se encontraban tres menores bajo el cuidado del extranjero y su pareja. De manera preliminar, el ICBF habría indicado que el hombre adelantaba un proceso de adopción junto con su compañera, un dato que deja interrogantes administrativos sobre los controles previos de idoneidad, en especial tratándose de un ciudadano de otra nacionalidad.
El protocolo institucional se activó como debe activarse: concurrieron Policía, Fiscalía, ICBF y Procuraduría, y los menores fueron trasladados a un centro asistencial para los exámenes y entrevistas forenses. Esa parte del engranaje funcionó. La que ahora concentra la atención es la que viene después.
Según fuentes judiciales citadas por El Tiempo y reproducidas por Pulzo, el menor que aparece en los registros fílmicos entregó una primera versión de los hechos. El diario recogió la cita textual: el niño dijo que se pone furioso por un juguete y que el adulto, a quien identifica como su “padre”, lo saca al balcón a calmarlo.
Esa es una explicación aportada por el menor en una primera entrevista. No la agota. Pulzo agregó que las entrevistas forenses habrían arrojado inicialmente un resultado negativo para abuso sexual, aunque las autoridades esperan el dictamen definitivo de Medicina Legal. Esa última frase contiene el punto más sensible del expediente. Un preliminar no equivale a un cierre, y un informe forense sobre un menor no admite lecturas apresuradas en ninguna dirección: ni para archivar ni para escalar.
¿Qué está en juego? En primer lugar, la situación jurídica del extranjero retenido. Si el dictamen confirma los hechos denunciados, la Fiscalía debería avanzar con imputación y solicitar medida de aseguramiento, con acompañamiento del ICBF para la protección inmediata de los menores y, en lo que corresponda, activación de los mecanismos de cooperación internacional dado el estatus migratorio del capturado. Si lo descarta, la investigación debe cerrarse con la misma transparencia con que se construyó la noticia, y los menores deben ser restituidos a un entorno protector con seguimiento documentado.
Sobre el ICBF queda una pregunta que solo podrá responderse con documentos, no con comunicados de prensa: cómo se encontraba en curso un proceso de adopción con un ciudadano extranjero sobre tres menores sin que, al menos hasta ahora, exista un control visible de idoneidad suficientemente robusto. La Procuraduría, según la información disponible, abrió intervención desde el primer momento, lo que sugiere que habrá seguimiento disciplinario al proceso administrativo previo.
El caso Navarra deja además una lección incómoda sobre los tiempos de la justicia penal en Colombia. Una captura mediática no es una imputación. Un resultado preliminar de entrevista forense no es un archivo. Y un dictamen de Medicina Legal que aún no ha salido no puede ser tratado ni como condena ni como absolución. La prudencia procesal no es tibieza: es la única manera de no fallarle al menor que ya habló.
Mientras ese informe llegue, el expediente se mueve en una zona gris que no conviene alimentar con prisas editoriales ni con presiones de opinión. La próxima decisión relevante no la escriben las redacciones: la firma Medicina Legal.