El presidente Abelardo De la Espriella firmó este miércoles el decreto de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes 10 de agosto sacudió el suroeste y el centro del país. El pabellón nacional se izará a media asta durante tres días en edificios públicos y en las misiones diplomáticas en el exterior. La decisión llega cinco días después del sismo y cuando las cifras de fallecidos ya superan, según autoridades regionales, las 240 personas.
El decreto, citado por El Heraldo, expresa el “profundo dolor” del Gobierno y la “solidaridad” con las familias de las víctimas. Es el lenguaje protocolar que corresponde a una tragedia de esta magnitud. También es el mínimo exigible.
El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, es el más fuerte registrado en Colombia en la última década. Los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas concentran los daños más severos. En Cali y Pereira se desplomaron decenas de edificios y aún hay cientos de personas atrapadas bajo los escombros, según los reportes que el propio Gobierno difundió el martes.
Hay tres datos que conviene poner sobre la mesa antes de cualquier valoración política.
Primero, la cifra. El martes, De la Espriella habló de al menos 181 fallecidos. El miércoles, las autoridades regionales elevaban el número a aproximadamente 240. La disparidad entre el reporte presidencial y el reporte territorial, a 48 horas del siniestro, no es un detalle menor: es un indicador de la capacidad de respuesta del Estado. Cuando los números no cuadran entre la Casa de Nariño y los mandatarios locales, el problema suele ser de coordinación, no de aritmética.
Segundo, el calendario. El presidente asumió hace cinco días. El terremoto ocurrió al día siguiente de su posesión, según el texto del decreto. Un duelo nacional firmado el miércoles, con la bandera a media asta, es un gesto simbólico que se entiende. Pero los gestos no rescatan personas atrapadas. La pregunta que queda abierta es si el Gobierno Nacional ya activó los protocolos de la Ley 1523 de 2012 —la del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo— y si declaró, como reportó El Heraldo en una pieza paralela, la situación de desastre nacional. Si la declaratoria existe, el duelo es coherente. Si no existe, el duelo es un sustituto.
Tercero, la ayuda internacional. El papa envió una primera partida de 100.000 euros. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria. Son señales solidarias que Colombia debe recibir con la gratitud que corresponde y con la transparencia que se le debe a la opinión pública: cada donación debe ingresar por los canales oficiales, registrarse en Secop II cuando corresponda y rendirse ante los organismos de control. La Contraloría y la Procuraduría tienen aquí una tarea preventiva, no reactiva.
La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental del Estado. También ha dicho, cuando un gobierno acierta, que acierta. En este caso, el acierto sería demostrar que la declaratoria de duelo va acompañada de un plan de respuesta con plazos, con responsables y con cifras verificables. La bandera a media asta es necesaria. No es suficiente.
El duelo nacional, en suma, debe medirse por lo que viene después: reconstrucción de la infraestructura colapsada, atención hospitalaria a los heridos, restablecimiento de servicios en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, y un informe público sobre el uso de los recursos. Lo demás, por ahora, es protocolo.