El sábado 15 de agosto, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 7 fueron atacadas en un corredor vial de Ábrego, Norte de Santander, con más de nueve artefactos explosivos lanzados desde drones. El saldo: un soldado profesional muerto, Neiver Madera Ricardo, y cinco militares heridos, además de un vehículo blindado afectado. El Comando de la Trigueron a Brigada atribuyó preliminarmente la acción al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, con presencia en la zona de Provincia.
El hecho no es aislado. Ábrego es uno de los municipios donde el ELN ha consolidado control territorial y donde las operaciones de la fuerza pública se desarrollan en condiciones de asimetría tecnológica evidente. El uso de drones cargados con explosivos ya no es novedad: es la muestra de una capacidad que las guerrillas han ido perfeccionando mientras el Estado colombiano discute fórmulas políticas para resolver un conflicto que, sobre el terreno, se libra con drones, minas y cilindros.
La respuesta institucional llegó en dos formatos conocidos. El primero, el comunicado del Ejército Nacional en su cuenta de X, con la fórmula del “héroe por siempre” y el anuncio de un equipo interdisciplinario para acompañar a la familia. El segundo, el pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella, quien calificó a los atacantes como “narcoterroristas” y aseguró haber impartido “instrucciones a la Fuerza Pública para actuar con contundencia”. El refuerzo operativo posterior, con apoyo de la Aviación del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, completa el cuadro.
Lo que no aparece en ninguno de los pronunciamientos es el resultado. Ni el número de capturados, ni la identificación de los autores materiales, ni el estado de la investigación que, según el propio Ejército, fue remitida a las autoridades competentes. La Línea 107 fue habilitada para recibir información, lo que sugiere que las capacidades de inteligencia sobre el Frente Cacua Guerrero dependen, en buena parte, de lo que la ciudadanía reporte.
Hay tres preguntas que el Gobierno nacional debería responder con documentos, no con tuits. Primera: cuántas operaciones aéreas y terrestres se han ejecutado contra el Frente Cacua Guerrero en los últimos doce meses y cuál ha sido su resultado medible. Segunda: si el Ministerio de Defensa tiene ya un plan específico para neutralizar la amenaza de drones, que es la modalidad que cambió la ecuación de seguridad en zonas como Ábrego, Sardinata y Tibú. Tercera: si la anunciada “contundencia” se traduce en presupuesto, pie de fuerza adicional y reglas de engagement claras, o si se quedará en el libreto presidencial.
La muerte del soldado Madera Ricardo no admite más demora. Cada ciclo de ataque, comunicado y condolencias sin resultados operativos refuerza la percepción de que el Estado colombiano reacciona tarde a una guerrilla que, mientras tanto, sigue innovando. La fuerza pública profesional merece algo más que solidaridad retórica: merece una estrategia con cifras, plazos y responsabilidades asignadas.
Por ahora, Ábrego vuelve a la estadística. Y la estadística, sin política pública que la revierta, es apenas el registro de un fracaso que se repite.