El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó la liberación de los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza, según reportó El Frente de Bucaramanga. La entrega se produjo casi trece meses después del plagio, ocurrido en mayo de 2025, y luego de que la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con esa guerrilla gestionara durante meses su liberación sin obtener respuesta, como señaló ese mismo medio.
El comunicado del Frente Manuel Vásquez Castaño, reproducido por El Frente, indica que los uniformados habrían cumplido una “pena” impuesta por el grupo armado. La guerrilla, según el mismo reporte, no explicó los criterios de esa sanción ni el procedimiento seguido para determinarla. Lo que sí quedó documentado es que se trata del ejercicio de una jurisdicción de hecho, ejercida por una organización al margen de la ley, sobre servidores públicos en ejercicio de funciones.
El mismo comunicado confirma que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada continúan en cautiverio, de acuerdo con el reporte de El Frente. Ambos fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca. El grupo armado habría anunciado “penas” de entre 55 y 60 meses contra ellos, según la información divulgada por ese portal. La prolongación indefinida del secuestro bajo apariencia de condena es, en sí misma, el hecho a examinar.
La asimetría que plantea esta secuencia es difícil de pasar por alto. Mientras la mesa de diálogo con el ELN se desarrolla —o se presenta como desarrollándose— en Caracas, el grupo armado retiene a dos investigadores de la Fiscalía y libera a dos policías tras casi trece meses de cautiverio. La pregunta que surge es si la liberación constituye un gesto humanitario aislado o el cierre parcial de un ciclo de presión que se extendió durante toda una ronda de negociaciones.
Según reportó El Frente, la delegación del Gobierno había solicitado en reiteradas ocasiones la liberación de los uniformados sin obtener respuesta hasta ahora. Ese silencio operativo del ELN durante más de un año, mientras se cumplían los ciclos de negociación, deja interrogantes abiertos sobre el alcance real de los acuerdos parciales en materia de secuestros y sobre la capacidad del Ejecutivo para condicionar los tiempos de la mesa. La información disponible no permite afirmar que la liberación haya sido una concesión negociada: tampoco permite descartarlo.
La situación de Pacheco Oviedo y López Estrada merece una mención específica. Se trata, como recordó El Frente, de funcionarios de policía judicial vinculados a procesos de investigación penal. Su retención por más de un año no solo vulnera sus derechos fundamentales: compromete de manera directa el ejercicio de la acción penal del Estado en una región donde la presencia institucional es ya precaria. La “pena” de 55 a 60 meses anunciada por el ELN equivale, en la práctica, a una condena a cinco años de cautiverio dictada por un grupo armado, sin juez, sin defensa y sin recurso.
El Gobierno nacional tiene la obligación de informar al país sobre el estado real de las negociaciones respecto de los secuestrados restantes. La opacidad no protege el proceso: lo deslegitima. Cada ciclo de diálogo que termina sin la liberación de los funcionarios del CTI erosiona la credibilidad de la mesa y, con ella, la de cualquier acuerdo que se anuncie.
La liberación de los dos agentes de la Dijín es una noticia que debe celebrarse con prudencia. No es un avance humanitario del proceso: es la corrección parcial de un daño que no debió producirse mientras el Gobierno negociaba con quienes lo causaban. Quedan dos fiscales secuestrados. Esa es la cifra que debe guiar la próxima etapa.