El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional asumió este domingo la autoría del atentado con explosivos perpetrado el jueves en el aeropuerto de Tibú, Norte de Santander, que dejó tres integrantes del equipo de seguridad heridos y daños en las oficinas administrativas de la terminal, según reportó Vanguardia Liberal.
En un comunicado reproducido por ese medio, esa estructura del Eln declaró la terminal aérea como “objetivo militar” y sostuvo que el aeropuerto se habría convertido en infraestructura logística al servicio del Frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc, con apoyo de las Fuerzas Militares. La guerrilla añadió que “los militares han instrumentalizado el aeropuerto para favorecer a los criminales” y que la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro habría brindado “garantías” al paramilitarismo en la región.
Lo que el comunicado no menciona, pero el contexto regional sí permite leer, es la disputa territorial que el propio Eln reconoce: una confrontación armada abierta con el Frente 33 por el control del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela con alta densidad de cultivos de uso ilícito. Atacar una terminal aérea civil en ese escenario no es un hecho aislado: es un mensaje bélico dentro de una guerra entre ilegales por un corredor estratégico.
Hay tres elementos que merecen lectura separada.
Primero, la acusación contra la Fuerza Pública. El Eln afirma que el aeropuerto opera como infraestructura logística para el Frente 33 bajo protección militar. Esa afirmación, formulada por un grupo armado ilegal, no puede presentarse como hecho: corresponde a las autoridades competentes —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría e inspección del Ministerio de Defensa— verificar si existen contratos, convenios o movimientos de carga que sustenten la denuncia. La Aeronáutica Civil, según informó Vanguardia, activó un trabajo coordinado con Fuerzas Militares y Policía para asegurar el perímetro tras la explosión, pero no se pronunció sobre el contenido del comunicado.
Segundo, el uso político del argumento. La guerrilla invoca la “paz total” para justificar el ataque. La “paz total” es una política oficial del gobierno Petro, y el Eln lo sabe: atribuirle responsabilidad por la violencia en el Catatumbo forma parte de la narrativa que ese grupo ha sostenido desde el inicio de los diálogos. Que la guerrilla use esa política como coartada para un atentado contra infraestructura civil no la convierte en cierto; la convierte en propaganda.
Tercero, el blanco. Tres vigilantes privados resultaron heridos por la onda expansiva. No eran combatientes del Frente 33 ni efectivos de la Fuerza Pública. Eran trabajadores de seguridad de una terminal aérea regional. Atacar a civiles o a personal de seguridad privada para enviar un mensaje a un grupo rival es, en cualquier lectura, terrorismo.
El Catatumbo lleva meses en crisis humanitaria y de seguridad. La disputa Eln–Frente 33 ha desplazado comunidades, ha llenado hospitales y ha puesto en jaque a la Fuerza Pública. En ese contexto, un atentado contra un aeropuerto no es un hecho de guerra entre irregulares: es un ataque contra la infraestructura de un municipio que, según la propia guerrilla, debería “estar al servicio de la población”.
La respuesta institucional no puede quedarse en el comunicado de prensa de la Aeronáutica Civil. El Gobierno nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú deben informar qué medidas de protección se aplicarán a la terminal, qué investigaciones se abrieron por los hechos del jueves y qué plan existe para evitar que la población civil quede atrapada entre dos estructuras armadas que pelean por un territorio bajo control del Estado colombiano.
La “paz total” lleva cuatro años sin producir resultados verificables en el Catatumbo. Mientras tanto, los muertos, los desplazados y ahora los vigilantes heridos de un aeropuerto siguen acumulándose.