El Ejército confirmó este lunes el secuestro de 39 personas, entre ellas un menor de edad, en el sector de Toldas, sobre la vía que conecta a Quibdó con Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. La Séptima División atribuyó el hecho a presuntas estructuras del ELN y aseguró que tropas de la fuerza pública adelantan operaciones en la zona para ubicar a los responsables y liberar a las víctimas, según reportó Caracol Radio.
El hecho no es un episodio aislado. La vía Quibdó–Carmen de Atrato ha sido durante la última década uno de los corredores más afectados por la presencia del ELN y de otras estructuras armadas que disputan el control territorial del Chocó. Las comunidades afro e indígenas que habitan la zona han denunciado de manera reiterada el riesgo al que están expuestas por la precariedad de la presencia estatal y la ausencia de garantías de seguridad.
Lo que vuelve a este secuestro particularmente grave es que ocurre en un contexto de diálogo formal entre el Gobierno nacional y el ELN. La administración actual ha sostenido que la política de “paz total” es el camino para desactivar a los grupos armados. Los hechos, sin embargo, contradicen esa narrativa. Secuestrar a 39 personas en una sola acción, incluyendo un menor de edad, no es compatible con un proceso de negociación serio ni con los compromisos mínimos que cualquier mesa de diálogo exige.
La Séptima División del Ejército exigió al ELN la liberación “inmediata e incondicional” de los secuestrados. Es una fórmula retórica que se repite con cada plagio masivo. La pregunta de fondo es por qué el Gobierno no ha emitido, hasta el momento del cierre de esta columna, una condena en los mismos términos. La fuerza pública profesional cumple su deber operativo; el Ejecutivo, en cambio, guarda silencio o relativiza.
El Chocó soporta indicadores estructurales de pobreza, informalidad y violencia que cualquier diagnóstico oficial reconoce. La salud pública departamental opera con déficit permanente de personal e infraestructura. La conectividad vial depende de una carretera que, como quedó demostrado, puede ser bloqueada por un grupo armado con relativa facilidad. Sobre ese terreno frágil, el secuestro masivo funciona como una demostración de poder del ELN frente al Estado y frente a las comunidades.
Para la opinión pública hay tres datos que conviene no perder de vista. Primero, el secuestro de menores de edad está tipificado como una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario; cualquier mesa que tolere esta práctica carece de legitimidad. Segundo, la política de paz total carece de resultados verificables en los territorios donde opera el ELN; las cifras de secuestro, extorsión y desplazamiento no han descendido de manera sostenida desde su anuncio. Tercero, el silencio del Gobierno frente a hechos de esta magnitud erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en el instrumento mismo de la negociación.
La Bitácora ha sostenido que el diálogo con grupos armados es legítimo cuando se somete a condiciones verificables, cuando no se suspende la acción de la fuerza pública y cuando se preserva el principio de que ciertos delitos —el secuestro, el reclutamiento de menores, el terrorismo— no son negociables. Ninguna de esas condiciones parece cumplirse en el Chocó.
La liberación de las 39 personas debe producirse cuanto antes. Pero la respuesta del Estado no puede limitarse al operativo militar ni al comunicado institucional. El Gobierno debe explicar ante el país por qué un grupo con el que dice negociar secuestra a un menor de edad en una carretera departamental sin consecuencia política alguna. La paz total, como concepto, no puede convertirse en un escudo para la inacción.