A menos de un mes de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto de 2026, el empalme del Ministerio de Trabajo quedó envuelto en una controversia que combina desautorización pública, señalamientos de conflictos de intereses y cruce de mensajes entre gobierno saliente y entrante. Los hechos están documentados en comunicados y publicaciones oficiales; las interpretaciones, en cambio, siguen abiertas.
El 12 de julio, la oficina de comunicaciones del presidente electo Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que calificó como “completamente falso” que el próximo gobierno hubiera adoptado una postura sobre la reglamentación del trabajo o la cotización por horas. Según la versión oficial, las declaraciones atribuidas a Charles Chapman y publicadas por Valora Analitik fueron desautorizadas de manera expresa, como reportó Infobae Colombia.
El mismo comunicado informó que Chapman fue separado del equipo “hace varios días” y que carece de autorización para hablar en nombre de la administración que asumirá. La advertencia resulta pertinente: en una mesa de empalme se maneja información reservada sobre decisiones administrativas, regulación pendiente y diseño de decretos. Quien participa de esas mesas maneja, por definición, una asimetría informativa que debe ser acotada por protocolos escritos.
El ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, utilizó su cuenta oficial en X para reaccionar al comunicado. Lo calificó como una “reculada” y sostuvo que, mediante la Reforma Laboral aprobada en 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro “eliminó la cotización por horas”, según registró Infobae Colombia. En otra publicación, el mismo medio reportó que Sanguino afirmó que Chapman habría tenido acceso a “información sensible y reservada” del Ministerio en asuntos vinculados a su órbita privada y a la de sus clientes.
Lo que muestran los hechos registrados es lo siguiente. Un abogado con clientes en el sector trabajo participó en una mesa de empalme y, según la versión del gobierno electo, emitió opiniones personales que terminaron siendo reportadas como si fueran lineamiento de la nueva administración. El equipo de De la Espriella reaccionó con un comunicado que separa a Chapman del proceso. El resultado es que el empalme en la cartera de Trabajo llega a julio con un integrante menos y con preguntas sin respuesta documental.
Hay tres preguntas que el nuevo gobierno debería responder con documentos, no con declaraciones. Primera: ¿cuáles eran los clientes de Chapman al momento de su incorporación al empalme y existió una declaración de conflictos de intereses firmada? Segunda: ¿qué información reservada del Ministerio de Trabajo fue compartida con los miembros de la comisión y bajo qué protocolo de manejo? Tercera: ¿qué efectos tendrá la salida de Chapman sobre el cronograma de empalme, particularmente en los temas laborales y de seguridad social que la reforma del gobierno saliente dejó en transición?
Sobre el fondo del debate, la cotización por horas fue efectivamente eliminada en la Reforma Laboral aprobada en 2025, según lo afirmó el propio Sanguino en sus publicaciones. Cualquier reversión de ese criterio, tal como está planteada la normatividad, requeriría un nuevo proyecto de ley o una reglamentación con rango legal que hasta ahora no ha sido anunciada oficialmente por el presidente electo. En ese punto, el comunicado de De la Espriella despeja el ruido inmediato. Pero deja sobre la mesa un problema de fondo: la calidad del filtro con el que se eligen los equipos de empalme y los protocolos que se les aplican.
Una transición presidencial no es un casting de opiniones. Es un ejercicio de transferencia de información pública con reglas claras. Cuando esas reglas fallan, la primera víctima no es un gobierno ni un ministro: es la continuidad del Estado. Y esa línea, precisamente, es la que este medio no está dispuesto a normalizar.