A seis días del cambio de gobierno, el Ministerio de las Culturas se convirtió en el nuevo escenario de una disputa que ilustra un problema estructural: la falta de un protocolo serio de transición. La ministra saliente Yannai Kadamani y la designada Paola Holguín intercambiaron señalamientos públicos sobre nombramientos que, según la primera, corresponden en su mayoría al concurso de méritos de Nación Seis, y que, según la segunda, comprometerían la transparencia del empalme.
El cruce, documentado por Infobae Colombia, tiene dos lecturas. La primera es institucional. Un proceso de empalme no puede depender de la voluntad política de quien entrega ni de quien recibe. Es una obligación administrativa del Estado, como recordó el propio artículo al señalar que las entidades continuaron entregando información institucional tras la suspensión del empalme político ordenada por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Cuando ese proceso se politiza, como ocurrió aquí, el riesgo es doble: se paraliza la transferencia de información sensible y se abre la puerta a decisiones de última hora que los organismos de control deben evaluar después, no antes.
La segunda lectura es de fondo. Kadamani sostuvo que la mayoría de los nombramientos cuestionados se originan en el concurso de méritos de Nación Seis, un proceso reglado que vincula a servidores públicos por criterios técnicos y no por discrecionalidad. Si esa afirmación es correcta, la denuncia de Holguín quedaría reducida a un subconjunto menor de designaciones. Pero la ministra designada no publicó cuáles son los cargos específicos que considera irregulares, ni presentó un listado verificable. Se limitó a pedir que se suspendan los movimientos y que se remita la información a los organismos de control. La Contraloría y la Procuraduría tienen competencia para revisar nombramientos de carrera y de libre nombramiento y remoción, pero necesitan hechos concretos, no sospechas genéricas lanzadas desde una red social.
Hay un punto que ambas ministras coinciden en reconocer, aunque lo digan de manera cruzada: no se han sentado a revisar juntas el estado de la cartera. Kadamani afirma que extendió la invitación en reiteradas ocasiones y que Holguín delegó el proceso en un funcionario encargado. Holguín, por su parte, denuncia nombramientos sin precisar cuáles. El resultado es un empalme que se debate por trinos de 280 caracteres, con costos operativos para una entidad que gestiona programas como los de educación artística en colegios públicos, mencionados por la propia ministra saliente.
El episodio también deja una pregunta sobre el gobierno entrante. De la Espriella suspendió el empalme político con el saliente, según reportó Infobae, y aun así su equipo ministerial está denunciando decisiones de última hora. Las dos cosas no se contradicen, pero sí revelan una estrategia: ruptura política y, al mismo tiempo, reclamo de información detallada. Es legítimo. Lo que no es legítimo es sustituir el canal institucional por la presión mediática cuando se trata de cargos que, según la ley, deben ajustarse a procedimientos reglados.
Lo que corresponde ahora es concreto. Primero, que la ministra designada publique el listado de nombramientos que considera irregulares, con número de acto administrativo, fecha y tipo de cargo. Segundo, que la ministra saliente entregue formalmente ese mismo inventario al equipo entrante, con el sustento normativo de cada designación. Tercero, que la Procuraduría y la Contraloría, en el marco de sus funciones, evalúen si hubo uso indebido de la figura de libre nombramiento y remoción en los días previos al 7 de agosto. Si todo se ajusta al concurso de méritos, la denuncia se diluye. Si hay cargos en provisionalidad o encargos sin respaldo, los organismos de control deben actuar.
La cultura, como escribió Kadamani, es un derecho y puede ser industria. Pero la discusión sobre cómo se administra ese ministerio no puede resolverse en una seguidilla de trinos. El empalme es un proceso, no una declaración.