El empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella quedó suspendido este 7 de julio, según informó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desde la Casa de Nariño. La decisión, que se extiende a todas las carteras ministeriales, abre un frente judicial contra uno de los hombres del equipo entrante y deja en suspenso el calendario de transición a menos de dos semanas del 7 de agosto.
El detonante, según Ávila, fue una entrevista concedida por Carlos Alonso Lucio, integrante del comité de empalme de De la Espriella, en la que habría formulado señalamientos contra el presidente Petro y propuesto que fuera judicializado. El ministro agregó que, de manera paralela, otros miembros del equipo entrante habrían calificado al gobierno saliente de “criminal”, acusado de “manipular la justicia” y mencionado la posibilidad de extraditar a funcionarios. Como reportó La Opinión de Cúcuta, Ávila sostuvo que el gobierno saliente interpuso una denuncia penal contra Lucio por esas declaraciones.
La suspensión no es solo retórica. Ávila instruyó a todos los ministros y directores de departamento a detener el proceso en cada cartera, condicionando su reanudación a “garantías de respeto recíproco” y al cese de expresiones que, a su juicio, afectan la transición. Al mismo tiempo, solicitó una reunión con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo para “definir el nuevo camino” del proceso.
El episodio revela un problema de fondo: la transición se concibió como un mecanismo técnico —entrega de información presupuestal, contractual y de proyectos en ejecución— y se está convirtiendo en un campo de disputa política y judicial. La propia caracterización del empalme como “anticorrupción”, que Ávila rechazó expresamente, muestra que el equipo entrante llegó con una agenda de revisión que el gobierno saliente percibe como un prejuzgamiento.
Hay tres riesgos concretos. Primero, el calendario: si el empalme no se reactiva pronto, el equipo de De la Espriella recibirá el 7 de agosto una administración con información incompleta sobre contratos vigentes, reservas presupuestales y procesos disciplinarios abiertos. La curva de aprendizaje de cualquier gobierno entrante depende de esos primeros reportes.
Segundo, la judicialización prematura. Denunciar penalmente a un miembro del equipo contrario por declaraciones públicas antes de posesionarse es un movimiento inusual. Si la Fiscalía avoca la denuncia, cada pronunciamiento del equipo entrante sobre el gobierno saliente quedará bajo la sombra de un proceso penal, lo que probablemente reducirá los espacios de diálogo técnico.
Tercero, la institucionalidad. Un empalme no es una investigación penal ni un juicio, como recordó Ávila. Pero tampoco es una cortesía: es una obligación funcional de todo gobierno saliente. Cuando se suspende por declaraciones y no por falta de información, se envía una señal de que la transición puede ser interrumpida por razones políticas.
El gobierno Petro defiende que actuó tras “agravios” y “calumnias”. El equipo de De la Espriella, por su parte, había ordenado suspender el proceso horas antes, según reportó La Opinión. Hay versiones cruzadas sobre quién rompió primero. Lo cierto es que, a la fecha de publicación de esta columna, no existe un canal formal de empalme entre las dos partes.
La salida institucional existe y es conocida: que la vicepresidencia electa, Restrepo, y la vicepresidencia saliente, Francia Márquez, convoquen una mesa técnica con presencia de la Contraloría y la Procuraduría, y que los equipos de Hacienda y Planeación entreguen los reportes sin filtro. Si Ávila y De la Espriella quieren evitar que el 7 de agosto arranque con déficit de información, esa mesa debe instalarse esta semana.
Por ahora, Colombia observa cómo una transición que debía ser rutinaria se transforma en el primer round de una pelea que, según parece, se extenderá hasta la posesión.