El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ejecuta desde hace meses obras de reposición de redes en el casco antiguo de Girón, declarado Patrimonio Histórico de Colombia. La intervención, según reportó Caracol Radio, ha generado críticas de comerciantes, residentes y dos congresistas santandereanos por el impacto sobre el empedrado tradicional, la movilidad y la actividad turística del municipio.
La concejal Inírida Sánchez y el representante a la Cámara Jonathan Pineda advirtieron sobre presuntas inconsistencias en la reconstrucción del empedrado y pidieron revisar si la intervención cumple con los lineamientos patrimoniales exigidos. Como reportó Caracol Radio, Pineda y Sánchez cuestionaron que los trabajos no conserven las condiciones originales del centro histórico.
Las quejas documentadas por el medio son tres. Primera, el cronograma. Alexander Martínez, administrador de una óptica con más de 20 años en el sector, afirmó que los cierres prometidos como parciales y de duración limitada se extendieron más del doble del plazo inicial. Segunda, el acabado. Rosa María Quintero, residente desde hace 46 años, sostuvo que el nuevo empedrado presenta desniveles que dificultan el tránsito, especialmente para personas en silla de ruedas. Tercera, la asimetría regulatoria. La misma residente señaló que un ciudadano que interviene el frente de su casa recibe sanciones, mientras que la obra pública en el sector patrimonial no enfrenta control equivalente.
El caso ilustra un problema recurrente en la contratación pública local: la ausencia de un supervisor visible. Cuando se interviene un bien de interés cultural, la Ley 1185 de 2008 y los Planes Especiales de Manejo y Protección establecen requisitos de aprobación previa por la autoridad competente. Si esos requisitos existieron y se incumplieron, la responsabilidad recae sobre el contratista y sobre la interventoría. Si no existieron, la falla es anterior a la obra y explica por qué se ejecuta sin patrón de referencia.
La pregunta de fondo no es estética. Es institucional. Un municipio cuyo centro histórico sostiene buena parte de su economía turística no puede someter su bien patrimonial a una obra de servicios públicos sin que quede registro público del plan de manejo, del cronograma, de las actas de interventoría y de las certificaciones de la autoridad de cultura. Cada uno de esos documentos debería estar disponible en Secop II y en la plataforma de transparencia del Acueducto Metropolitano. Si están, la ciudadanía puede verificar si las quejas corresponden a incumplimientos contractuales. Si no están, el problema es de transparencia previa, no solo de ejecución.
Girón merece una respuesta documentada. El Acueducto Metropolitano, la Alcaldía y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, deberían publicar de manera conjunta un informe técnico que indique tres cosas: si la obra cuenta con aprobación patrimonial vigente, cuál es el cronograma actualizado y qué criterios de reposición del empedrado se aplicaron. Sin ese informe, las críticas de residentes y comerciantes seguirán acumulándose sin que ninguna autoridad asuma la palabra.
El patrimonio se protege con documentos, no solo con declaraciones.