Colombia envejece. No es una frase de alarma sino un dato que ya está en los registros del DANE y que debería ocupar el centro de la agenda fiscal del país.
La transición demográfica que está en marcha—menos nacimientos, más personas mayores de 60 años—tiene consecuencias concretas que van mucho más allá de la curiosidad estadística. Afecta directamente la viabilidad del sistema de pensiones, la demanda de servicios de salud, la estructura tributaria y, en última instancia, la capacidad del Estado para mantener sus compromisos sociales.
Cuando la pirámide poblacional se invierte, el cociente de dependencia se deteriora. Menos trabajadores activos sostienen a más pensionados. En un sistema de reparto como el colombiano—donde los aportes de los activos financian las pensiones de los jubilados—esto no es un problema menor. Es una ecuación que deja de cuadrar.
La Superintendencia Financiera y la Autoridad Regulatoria de Pensiones han advertido sobre esto durante años. Los números son públicos. La edad promedio de jubilación se ha mantenido relativamente estable mientras que la esperanza de vida ha aumentado. El resultado es que cada pensionado recibe su mesada durante más años, con menos trabajadores aportando al fondo.
Pero aquí está lo que preocupa más: el gobierno actual no ha presentado una reforma pensional estructural que enfrente esta realidad. Ha habido ajustes incrementales, cambios en tasas de cotización, discusiones sobre la edad de jubilación. Nada de eso toca el problema de fondo: un modelo que fue diseñado para una pirámide poblacional que ya no existe.
La caída de la natalidad tampoco es un fenómeno aislado. Está correlacionado con urbanización, acceso a educación superior femenina, acceso a métodos anticonceptivos y decisiones económicas de las familias. Estas son tendencias que, en economías desarrolladas, ya completaron su ciclo hace décadas. Colombia las está viviendo ahora, comprimidas en menos tiempo.
El sistema de salud también siente el impacto. Una población envejecida demanda más servicios de atención crónica, más medicamentos, más procedimientos quirúrgicos. Las EPS y el sistema de salud pública ya están bajo presión fiscal. Agreguemos una población que envejece y veremos qué sucede con la sostenibilidad del aseguramiento.
Lo que resulta incomprensible es que esto no sea una prioridad legislativa clara. Hay proyectos de ley dispersos, iniciativas del Ministerio de Hacienda, propuestas académicas. Pero no hay una estrategia integrada que diga: esto es lo que va a pasar, esto es lo que cuesta, esto es cómo lo vamos a financiar.
La transición demográfica no es reversible. No se puede detener aumentando subsidios a la natalidad o prohibiendo anticonceptivos. Sucedió en Corea del Sur, en España, en Italia. Sucede aquí. Lo que sí es reversible—todavía—es la falta de planificación.
El Congreso tiene la responsabilidad de exigir al gobierno una propuesta clara sobre pensiones que reconozca esta realidad. No en 2030. Ahora. Porque cada año que pasa sin reforma es un año en el que el déficit actuarial crece, en el que menos trabajadores entran al sistema formal, en el que la presión fiscal sobre el fisco se acumula.
La demografía no es opinión. Es información. Y Colombia tiene que empezar a actuar como si la hubiera leído.