El feminicidio sigue siendo un laberinto institucional donde el Estado llega tarde y las víctimas cargan el peso del sistema colapsado. Así lo plantea Claudia Valentina Parra, abogada con maestría en Intervención Interdisciplinar de la Violencia de Género, en una reflexión publicada por El Diario de Pereira que invierte la prioridad del debate: no son números, son personas.
Parra no trabaja en litigio. Su experiencia viene de otro lado: de las grietas donde cae la gente cuando los protocolos no funcionan. Su advertencia es clara: mientras el Estado sigue atrapado en trámites y competencias, la única red que sostiene a las mujeres en riesgo es la comunitaria. Vecinas. Amigas. Organizaciones de base. Lo que sobra de solidaridad donde sobra la negligencia institucional.
Para quien no ha seguido el tema: Colombia registra cifras de feminicidio que no bajan. Las fiscalías saturadas, los juzgados rezagados, las órdenes de protección que llegan cuando ya es tarde. El sistema no es lento por casualidad; es lento porque está construido para funcionar a velocidad de expediente, no a velocidad de amenaza de muerte.
El punto de Parra importa porque redefine dónde está el problema real. No en una estadística que se publica cada trimestre. En que una mujer que denunció hace tres meses sigue esperando que alguien la escuche. En que sus amigas son su única guardia de seguridad. En que la sociedad —no el Estado— es la que está más atenta a las señales.
Eso no es un elogio a la comunidad. Es un acta de acusación al fracaso institucional.