¿Qué compramos cuando el Estado consume un tercio de todo lo que producimos? La pregunta no es retórica. En 1900, el gobierno central colombiano absorbía menos del diez por ciento de la economía; hoy, con todos los niveles territoriales, rondamos el treinta y tres por ciento del PIB. Superamos así el umbral que la literatura económica internacional señala como punto de inflexión: más allá del treinta por ciento, los beneficios marginales del gasto público decrecen y los costos económicos se aceleran. El problema, sin embargo, no es meramente aritmético. Como advierte Juan José Echavarría en un reciente análisis para Razón Pública, lo que distingue a los países que prosperan no es la talla del Estado, sino su capacidad.
La evidencia del Banco Mundial resulta incómoda. Colombia ha perdido cuatro posiciones en el indicador de efectividad gubernamental entre 2004 y 2024, y hoy se ubica cerca del percentil cincuenta, en la medianía mundial. Los componentes que más importan —administración de recursos, calidad burocrática, confianza ciudadana— muestran resultados particularmente débiles. Mientras tanto, Chile y Corea del Sur, con Estados más eficientes, han construido diferencias abismales: el PIB per cápita de Corea es hoy tres veces el nuestro. La lección no es que debamos imitar su modelo de desarrollo mutatis mutandis, sino que la calidad institucional no es un lujo decorativo sino una condición del crecimiento sostenido.
El diagnóstico interno confirma la hipótesis. Fernando Rojas ha documentado una arquitectura institucional fragmentada donde múltiples entidades replican funciones de seguimiento, evaluación y control sin coordinación efectiva. El sistema privilegia la verificación de procedimientos sobre la medición de resultados. Se gasta más, se promete más, se produce menos. La frustración ciudadana, como señala Echavarría, no proviene únicamente de los escándalos de corrupción —aunque estos abundan— sino de la sensación persistente de que el aparato estatal devora recursos sin traducirlos en servicios dignos. La educación pública, la salud, la justicia: en todos estos frentes, los colombianos financiamos un sistema que nos devuelve menos de lo que aportamos.
Sin embargo, hay un matiz que el liberalismo clásico debe reconocer sin reservas. El Estado colombiano, a pesar de su ineficiencia, cumple una función redistributiva que no puede ser despachada con cinismo. Antes de la intervención fiscal, Colombia aparece como el país más desigual de América Latina; después de impuestos directos y transferencias sociales, registra la mayor reducción del índice de Gini en la región. Según los datos que presenta Echavarría con base en el World Inequality Database, las ayudas monetarias dirigidas a adultos mayores y las coberturas de salud subsidiada llegan efectivamente a los hogares más vulnerables. Esta no es una trivialidad administrativa: es el res publica defendiendo a quienes el mercado, por sí solo, dejaría atrás.
La tensión, entonces, no se resuelve con el mantra de “menos Estado” ni con el eslogan de “más Estado”. La pregunta pertinente es de diseño institucional: ¿se requiere un aparato tan voluminoso para lograr esa redistribución? ¿No sería posible, como pregunta Echavarría, alcanzar objetivos similares con transferencias directas más limpias, sin la intermediación de una burocracia que diluye recursos en cada eslabón? La experiencia internacional sugiere que la progresividad fiscal puede operar con Estados más ágiles, donde la regla de ley y la competencia profesional del servicio civil sustituyen a la proliferación de entidades.
El gobierno Duque aumentó cinco puntos del PIB el gasto durante la pandemia, y la tendencia no se ha revertido. El consumo público crece al doble que la economía. Planeación, Presidencia e Interior duplicaron sus asignaciones entre 2017 y 2023. Una fracción creciente del presupuesto se destina a pensiones, subsidios e intereses de la deuda —gastos que, como advierte la literatura especializada, tienen impacto limitado sobre la productividad. Estamos construyendo un Estado que financia su propia inercia, no el futuro del país.
Los colombianos debemos exigir algo más sofisticado que la polarización entre privatizadores y estatistas. Necesitamos un Estado más pequeño en lo que hace mal —la operación directa de servicios que el sector privado puede proveer bajo regulación— y más eficiente en lo que debe hacer bien: redistribuir con transparencia, garantizar reglas estables, proteger a los más vulnerables sin convertirlos en clientes de una máquina política. La alternativa no es la utopía neoliberal ni la burocracia expansiva, sino lo que Tocqueville habría reconocido como el arte difícil de la administración libre: instituciones que sirvan al ciudadano sin sofocarlo.
El crecimiento del Estado colombiano no ha ido acompañado de su maduración. Seguimos pagando como dinamarqueses y recibiendo como si viviéramos en una república bananera. La pregunta que debería inquietar a gobierno y oposición por igual es si estamos dispuestos a seguir financiando con deuda e impuestos un aparato que crece en tamaño mientras decrece en respetabilidad. La respuesta, sospecho, definirá no solo nuestra estabilidad fiscal, sino la legitimidad misma de nuestra democracia.
Fuente original: Razón Pública