El 16 de agosto, seis días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano, los organismos de socorro hallaron entre los restos del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali, los cuerpos del abogado Juan José Salazar y de su pareja Valentina Marcano. Como reportó Vanguardia, Salazar era asociado de la firma Cadena & Asociados, liderada por el abogado Diego Cadena, y su nombre figuraba en el expediente que la justicia adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos.
El dato procesal es el que sostiene esta columna. En un caso donde la credibilidad de los testigos ha sido el eje de la controversia, la muerte de uno de los protagonistas no equivale al cierre del expediente: equivale a su interrupción. Las pruebas documentales, los testimonios ya recaudados y los registros de la firma siguen siendo los mismos. Lo que se modifica es la posibilidad de avanzar en líneas de indagación que requerían su declaración, de contrastar versiones, de reconstruir cronologías. Esa pérdida no es menor en un proceso de esta trascendencia institucional.
Según el mismo reporte de Vanguardia, la emergencia que rodea este hallazgo es de gran magnitud. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantiene activo el Puesto de Mando Nacional y que los grupos autorizados para búsqueda y rescate son los USAR locales certificados, las Fuerzas Militares y equipos internacionales provenientes de Estados Unidos, Israel y Ecuador. El último reporte de la entidad registra 18.997 familias afectadas, 45.060 personas registradas, 4.443 viviendas habitables, 4.270 no habitables y 1.436 viviendas destruidas.
La presencia de cooperación internacional en rescate básico, seis días después del sismo, es un dato que merece atención. Cuando un país de ingreso medio requiere rescatistas extranjeros para localizar a sus propios ciudadanos bajo los escombros, la conversación sobre gestión del riesgo deja de ser exclusivamente técnica y se vuelve también una cuestión de política pública. ¿Cuánto se invierte en prevenir y cuánto se gasta en reconstruir? La pregunta vuelve a quedar sobre la mesa, como señaló Vanguardia al recoger el clamor de los campesinos del Valle.
Volviendo al expediente judicial. La Fiscalía General de la Nación y la Sala de Instrucción que adelantan el proceso conservan sus competencias y sus deberes procesales. La muerte de un testigo o de un abogado vinculado no extingue la acción penal ni modifica el deber de continuar hasta el agotamiento de la investigación. Lo que sí plantea es una cuestión de método: ¿cómo se reconstruye lo que ya no se podrá preguntar? ¿Qué peso probatorio se asigna a los testimonios ya recaudados frente a la imposibilidad de ampliarlos? Son preguntas técnicas, pero también institucionales, porque de su respuesta depende la legitimidad del cierre del caso.
Hay, además, una lectura territorial que no puede omitirse. Cali no es una ciudad ajena a la amenaza sísmica: las normas de construcción existen, los mapas de riesgo existen, las recomendaciones de evacuación existen. Lo que falla, según los reportes recogidos por Vanguardia, es la sensación de abandono posterior al desastre. Esa falla no es nueva ni exclusiva de este episodio: es un patrón que se repite en cada emergencia y que interpela directamente a las autoridades nacionales y locales.
Por ahora, los hechos cierran esta columna con dos nombres: Juan José Salazar y Valentina Marcano. La columna judicial, en cambio, sigue abierta. La justicia colombiana tiene la palabra —y la obligación institucional— de no permitir que un expediente de esta trascendencia quede incompleto por una tragedia que, aunque de origen natural, ocurre en un territorio donde la prevención sigue siendo una deuda pendiente.
Fuentes consultadas: Tras terremoto en Cali, hallan sin vida al abogado mencionado en el caso de falsos testigos de Uribe — Vanguardia