Un año, un helado y una cronología
A un año del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá presentó en el programa Más allá del silencio la cadena investigativa que, según la Fuerza Pública, permitió identificar a uno de los presuntos articuladores materiales del ataque. El hilo conductor de la narración fue un dato menor: una compra de $3.500 cancelada por Nequi en un establecimiento de Modelia.
Según la versión policial recogida por Infobae, el menor de 15 años señalado como autor material del disparo llegó a ese sector hacia las 3:32 p. m., adquirió un helado de leche y miel y pagó con la plataforma. La transacción dejó un nombre y una cédula. El coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín, sostuvo en el espacio citado que ese dato fue decisivo para llegar a Hélder José Arteaga, alias Chipi. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, agregó que, al menos, ese habría sido el pago recibido por el adolescente.
La línea de tiempo como columna del expediente
La reconstrucción horaria divulgada por los investigadores es el eje del caso. De acuerdo con esa versión, Uribe salió de su casa a las 2:30 p. m., llegó al parque El Golfito a las 4:55 p. m. y comenzó su intervención. En paralelo, el menor se desplazó desde Engativá, se reunió con dos personas en un vehículo —donde, según la Policía, habría recibido el arma y las instrucciones— y salió hacia el parque a las 5:25 p. m. Ingresó en la aglomeración a las 5:27 p. m. y disparó a las 5:29 p. m. Fue reducido minutos después por el esquema de seguridad.
Cristancho explicó que la urgencia de las primeras horas respondió a una limitación técnica: muchas cámaras de la zona conservan grabaciones entre 24 y 48 horas. La Policía desplegó cerca de 300 funcionarios y revisó más de 1.200 horas de video, un volumen que, según los oficiales, permitió mapear recorridos, vehículos y personas que rodearon al senador antes y después del ataque.
Catherine, Chipi y El Viejo
Ese mismo seguimiento llevó, siempre según la versión policial, a alias Catherine o Gabriela, quien habría intentado salir de Bogotá hacia Florencia, Caquetá, con instrucciones de continuar a Belén de los Andaquíes y a una vereda en zona de influencia de estructuras armadas ilegales. La recompensa ofrecida por información sobre alias Chipi fue de $300.000.000, según Infobae. Su captura se produjo en una vivienda de Engativá, mediante un equipo especializado de la Sijín.
Los oficiales detallaron que la pesquisa avanzó más allá de los autores materiales y ubicó a alias El Viejo, también conocido como Simeone, como presunto enlace entre los determinadores y los ejecutores. De acuerdo con Cristancho, ese hombre habría coordinado con Chipi la planeación y ejecución del ataque y habría tenido contacto con integrantes de la Segunda Marquetalia. Esa conexión, si se acredita en juicio, es la que enlazaría la cadena material con una estructura armada ilegal y sostiene la calificación de magnicidio agravado.
El balance y la prueba pendiente
El balance oficial, según Cristancho, consigna en menos de un año ocho capturas, un menor aprehendido, preacuerdos, condenas y una sanción. La cifra contrasta con la complejidad descrita: un victimario adolescente, una red adulta de apoyo, un pago de $3.500 en el eslabón más bajo y un mando que, según la Fuerza Pública, se articula con organizaciones armadas fuera de la ley.
Para la justicia colombiana, la prueba de fuego comienza ahora. La Fiscalía debe llevar a juicio a los capturados con el rigor probatorio que un expediente de esta naturaleza exige: la confesión y el testimonio policial no sustituyen el material audiovisual y los flujos financieros que, según la versión oficial, sustentan la reconstrucción. La Corte Suprema, competente por la condición de senador de la víctima, deberá fijar una línea robusta sobre el procesamiento de menores de edad vinculados a organizaciones armadas en delitos de esta gravedad, un terreno con poca jurisprudencia de referencia.
Quedan, además, preguntas que el expediente no agota. ¿Qué fallas de protección a la infancia y de inteligencia preventiva permiten que la cadena de mando de un magnicidio se sostenga, en su eslabón más visible, sobre una transacción de $3.500? ¿Qué papel jugó cada uno de los adultos identificados en la consecución del arma, el transporte y la fuga? La respuesta a esas preguntas, tanto como la captura de Chipi, definirá el alcance real de esta investigación.