¿Qué celebramos exactamente cada 20 de julio? La respuesta escolar —el florero de Llorente, el grito de independencia, la Junta Suprema— es cómoda porque convierte en liturgia lo que fue, en rigor, una conspiración. Los criollos que se reunieron la noche del 19 en el Observatorio Astronómico de Santafé no improvisaron nada: Caldas, Camilo Torres, Joaquín Camacho, Tadeo Lozano, José Miguel Pey y Frutos Joaquín Gutiérrez planearon con frialdad un pretexto, el del florero que el comerciante español José González Llorente se negó a prestar, para incendiar la plaza pública en día de mercado. La independencia colombiana nació, como casi todas las independencias, de una operación política bien ejecutada. Vale la pena recordarlo, porque la liturgia sin memoria produce ciudadanos devotos y desarmados.
Hay en ese episodio una lección que los manuales escolares suelen eludir. La Junta Suprema de aquella noche no declaró la ruptura con España; juró, de hecho, fidelidad a Fernando VII, el rey cautivo de Napoleón. La independencia fue, en su origen, un acto de lealtad ambigua: los criollos se arrogaron la soberanía en nombre del monarca que decían defender. Tocqueville observó que las revoluciones más duraderas son las que se hacen casi sin querer, por sociedades que ya habían cambiado antes de cambiar sus leyes. El 20 de julio fue algo así: la sociedad colonial ya se había transformado, y el florero apenas certificó un divorcio consumado en los hechos. La libertad definitiva, como recuerda la crónica de El Heraldo, tardaría nueve años más y exigiría el puente de Boyacá, Bolívar y Santander, y una guerra que dejó la economía destruida.
La pregunta incómoda del aniversario es qué hicimos con esa herencia. Los fundadores de 1810 —con todas sus contradicciones, con sus exclusiones de castas y género que nadie debe blanquear— tenían una intuición institucional clara: el poder debía organizarse en juntas, cabildos y eventualmente congresos, porque la soberanía no podía residir en una sola voluntad. Santander lo llevaría a su fórmula célebre: las armas dieron la independencia, pero las leyes darían la libertad. Esa distinción, tan cara al liberalismo clásico hispanoamericano, es la que conviene repasar cuando los desfiles militares recorren hoy el Malecón de Barranquilla o la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. El desfile es legítimo —las Fuerzas Militares y la Policía merecen el homenaje y la ciudadanía tiene derecho a verlas—, pero el uniforme desfilando no es la república; es uno de sus instrumentos.
Y aquí conviene la honestidad que las fechas patrias rara vez permiten. Una independencia se conmemora, pero una república se verifica. Se verifica en la separación de poderes que resiste la tentación del decreto, en la justicia que no cede ante la presión del ejecutivo de turno, en la fuerza pública profesional que sirve a la Constitución y no a un proyecto político. Cuando esas verificaciones fallan, el 20 de julio se convierte en lo que Arendt temía de las conmemoraciones vacías: un ritual que celebra la libertad mientras la práctica la erosiona. No se trata de amargura patriótica; se trata de exigencia. Los hombres del Observatorio no arriesgaron el cuello para que sus herederos confundieran la res publica con el gobierno de turno.
También hay que decirlo del otro lado: el patriotismo institucional no es monopolio de nadie, y la oposición que reduce el 20 de julio a un mitin contra el presidente comete el mismo error simétrico. La fecha pertenece a la nación entera, incluidos los que votaron distinto. Esa es, precisamente, la diferencia entre una república y un botín.
Doscientos dieciséis años después, el florero de Llorente sigue siendo un espejo. Nos pregunta si todavía somos capaces de la audacia cívica de aquellos criollos —la de organizarse, deliberar y actuar— o si nos hemos resignado a ser espectadores de desfiles. La independencia se ganó en 1819; la república, sospechamos, se gana todos los días o no se gana.