¿Qué dice de un país el lugar donde decide jugar su fútbol? La pregunta no es retórica. Este domingo, Alianza Valledupar recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-II. A primera vista, es apenas un partido más de un torneo que comienza. Pero detenerse un momento en la escena permite ver algo que trasciende el marcador: la tenaz persistencia de la vida colectiva en los territorios que el Estado colombiano ha tratado, históricamente, como periferia.
Valledupar no es una ciudad cualquiera en el mapa institucional de Colombia. Capital del Cesar, departamento marcado por décadas de violencia paramilitar, economía extractiva y abandono estatal, la ciudad ha construido una identidad cultural formidable —la música vallenata es patrimonio de la humanidad— que contrasta con la fragilidad de sus instituciones públicas. Que allí se juegue fútbol profesional, con un equipo que lleva el nombre de la ciudad y que busca hacerse fuerte ante su afición, es un hecho político en el sentido más profundo del término. Es la res publica manifestándose donde menos se espera.
Tocqueville observó en su viaje a Estados Unidos que las asociaciones voluntarias eran la escuela de la democracia. Los clubes de fútbol en Colombia cumplen, mutatis mutandis, una función análoga. Son espacios donde ciudadanos de distintas clases sociales comparten una pertenencia, donde se aprende a ganar y a perder dentro de reglas, donde la identidad colectiva no depende del favor de un caudillo ni de la dádiva de un funcionario. Alianza Valledupar, un club relativamente joven en el fútbol profesional colombiano, representa esa aspiración: la de una ciudad que quiere existir en el mapa deportivo nacional por derecho propio, no por concesión.
Del otro lado estará el Atlético Bucaramanga, un club con una historia distinta pero una geografía igualmente significativa. Santander ha sido, históricamente, una región que se ha resistido a la centralización bogotana, con una tradición de autonomía regional que se remonta al siglo XIX. El ‘Leopardo’, como se conoce al equipo santandereano, viaja a Valledupar con la intención de sumar puntos fuera de casa, una empresa que en el fútbol colombiano siempre ha sido áspera: las distancias son largas, los climas hostiles, las canchas irregulares. Que un torneo profesional sostenga esta red de desplazamientos y enfrentamientos entre ciudades intermedias es, en sí mismo, un logro logístico que no debería pasar desapercibido.
Y sin embargo, aquí es donde la columna debe torcer hacia la exigencia. Porque el fútbol colombiano, esa red admirable de clubes y aficiones que conecta a Valledupar con Bucaramanga y a ambas con Bogotá, Medellín y Cali, opera con estándares de gobernanza que estarían por debajo de lo aceptable en cualquier otra industria del país. La Dimayor, el ente rector del fútbol profesional, ha sido objeto de cuestionamientos persistentes sobre transparencia, distribución de ingresos y toma de decisiones. Los clubes de ciudades intermedias —precisamente los que más aportan en términos de cohesión territorial— son los que más sufren esa opacidad. No es un secreto que los equipos de las capitales grandes concentran los recursos televisivos y comerciales, mientras que los clubes de provincia sobreviven con presupuestos que apenas les permiten competir.
Esta asimetría no es solo un problema deportivo. Es un síntoma del mismo centralismo que la columna de este medio ha denunciado en otros ámbitos: la concentración de recursos, decisiones y oportunidades en unas pocas ciudades, mientras el resto del país recibe migajas y promesas. El fútbol podría ser una herramienta de integración territorial —y en cierta medida ya lo es—, pero su potencial está limitado por una estructura de gobernanza que reproduce las desigualdades que debería corregir.
No se trata de pedir intervención estatal en el fútbol, una tentación que este medio rechaza por principio. Se trata de exigir que la Dimayor y los clubes adopten estándares mínimos de transparencia y equidad competitiva, como ocurre en las ligas europeas que el fútbol colombiano admira pero no imita en lo esencial. El fair play financiero, la distribución proporcional de ingresos por televisión, la publicación de estados financieros auditados: son reformas que no requieren decreto presidencial ni ley del Congreso, sino voluntad de los actores privados que administran el espectáculo.
Los equipos que se enfrentan esta noche en Valledupar representan, cada uno a su manera, la Colombia que no aparece en los comunicados de la Presidencia ni en los debates del Capitolio. La Colombia de las ciudades intermedias, de las aficiones que llenan estadios modestos, de los jugadores que sueñan con una cancha bien cuidada y un sueldo pagado a tiempo. Esa Colombia merece un fútbol mejor administrado, no porque el fútbol sea lo más importante, sino porque es uno de los pocos espacios donde esa Colombia se reconoce a sí misma.
El partido de esta noche terminará con un marcador que la mayoría del país olvidará en una semana. Pero la pregunta que plantea —quién tiene derecho a existir en el mapa deportivo nacional, y bajo qué condiciones— seguirá abierta mucho después de que suene el pitazo final. Los colombianos debemos dejar de tratar el fútbol como un escape de la realidad y empezar a verlo como lo que es: un espejo de nuestras virtudes y de nuestras miserias institucionales. Lo que hagamos con ese reflejo dice más de nosotros que cualquier resultado.