¿Qué queda del contrato social cuando millones de ciudadanos consumen, con naturalidad casi cívica, bienes que saben sustraídos?
La pregunta se impone ante los resultados de la Operación “Tarjeta Roja”, desplegada durante la Copa del Mundo de 2026 con la participación de ocho países americanos. La Fiscalía colombiana, que lideró la iniciativa, reportó la suspensión de 1.140 dominios de streaming ilegal en territorio nacional —1.840 en el conjunto de las naciones participantes—, quince capturas por falsificación de marcas y comercialización fraudulenta de señales, y el decomiso de más de cuatro mil prendas deportivas apócrifas junto con once mil logotipos listos para adherir. Las cifras son, sin duda, contundentes. Pero lo que merece reflexión no es la eficacia policial, sino el fenómeno que la hace necesaria.
No se trata aquí de defender con ingenuidad los intereses de conglomerados mediáticos o de corporaciones deportivas cuyas prácticas comerciales pueden, legítimamente, ser cuestionadas. El problema es otro, y es de orden público. Cuando cuatro individuos en Soacha interceptan las plataformas de una empresa de telecomunicaciones para vender televisión por cable a precios irrisorios, no están “democratizando el acceso”: están corrompiendo la infraestructura que otros pagaron, y lo hacen suplantando identidades corporativas. El delito, en su forma, recuerda aquello que Hannah Arendt identificó como la característica del totalitarismo menor: la normalización del engaño como método. No es la ideología lo que corroe aquí, sino la costumbre.
La propiedad intelectual ha sufrido, en América Latina, una peculiar deslegitimación cultural. Se la percibe como abstracción burguesa, como artificio legal del Norte global para exprimir al Sur. Esa narrativa, políticamente cómoda, ignora que detrás de una señal de video pirateada hay ingenieros, camarógrafos, periodistas, técnicos de campo —trabajadores cuyo salario depende de que alguien, en alguna parte, pague por lo que consume. La piratería no es víctimaless, como tampoco lo es la falsificación de camisetas que, en los allanamientos de Bogotá, Cali o Bucaramanga, dejó al descubierto una cadena de producción clandestina con maquinaria industrial de sublimado. Quienes compran la prenda “barata” en la esquina financian, sin saberlo o sin querer saberlo, una economía que evade impuestos, elude normas laborales y contamina la competencia leal.
La respuesta institucional, en este caso, merece un reconocimiento puntual que no suele ser habitual en esta columna. La coordinación transnacional —Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil, Chile— demuestra que la cooperación judicial en la región puede operar con celeridad cuando hay voluntad política. La Fiscalía colombiana, a través de su delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas, articuló una operación que no quedó en retórica. Dos de los imputados por acceso abusivo a sistemas informáticos aceptaron cargos; tres permanecerán en detención domiciliaria. La justicia funcionó, al menos en esta instancia, con la rapidez que exige el delito tecnológico.
Sin embargo, la tentación del triunfalismo debe ser resistida. Bloquear dominios es una batalla que se gana y se pierde diariamente; los servidores migran, las URL resucitan, las aplicaciones se multiplican. La incautación de mercancía falsificada es operativamente costosa y, en términos relativos, siempre parcial. Lo que no se aborda con operativos —lo que exige otro tipo de intervención, más lenta y más difícil— es la formación de una ciudadanía que no perciba el consumo pirata como gesto inocuo o, peor aún, como forma de resistencia contra “el sistema”.
Alexis de Tocqueville observó, en la América del siglo XIX, que las democracias jóvenes tendían a confundir la libertad con la independencia de toda regla. La observación conserva vigencia. En el ámbito digital, esa confusión se traduce en una especie de anarquismo de consumo: la red como territorio sin ley donde el acceso gratuito es derecho adquirido, no privilegio de quien cumple. Operaciones como la “Tarjeta Roja” son necesarias, pero son paliativas. La verdadera apuesta es cultural, educativa, y exige que las élites —políticas, académicas, mediáticas— dejen de alimentar con cinismo una narrativa que presenta la ilegalidad como epopey popular.
El fútbol, se ha dicho muchas veces, es espejo de la sociedad. Si durante el Mundial más lucrativo de la historia una parte significativa de su audiencia prefirió la transmisión robada a la licita, el espejo devuelve una imagen que no halaga. No es la pobreza la única explicación: los datos de consumo de streaming ilegal en países de ingreso medio-alto desmienten esa reducción. Es, más bien, una forma de relación con la norma que se extiende más allá del ámbito digital. La misma lógica que justifica la señal pirateada puede, mutatis mutandis, justificar el evasor fiscal, el contrabandista, el funcionario que cobra por trámite que nunca realiza.
La Colombia que aspira a ser res publica no puede contentarse con operaciones punitivas, por bien ejecutadas que estén. Necesita ciudadanos que comprendan que la propiedad, incluso la intangible, es fruto de trabajo ajeno; que el precio de las cosas no es arbitrario capricho del mercado, sino condición de su producción sostenible. La “Tarjeta Roja” mostró que el Estado puede actuar con eficacia. La pregunta que queda en el aire, incómoda, es si la sociedad quiere que lo haga.