El vicepresidente electo José Manuel Restrepo instaló esta semana una alerta pública sobre el sistema eléctrico colombiano. Según reportó El Universal de Cartagena, Restrepo sostuvo un encuentro con representantes del sector de generación y especialistas y concluyó que existe “el riesgo real de un apagón eléctrico” en el país.
La advertencia llega con un dato concreto atribuido por el propio Restrepo en su cuenta en X, como registró El Universal de Cartagena: cada hora de una eventual interrupción del suministro costaría al país “alrededor de 204 mil millones de pesos”, en un contexto donde, según la misma fuente, ya comenzó el Fenómeno de El Niño.
Hay tres elementos que conviene separar.
Primero, el diagnóstico. El gobierno entrante habla de “riesgo real”, no de certeza. La diferencia importa: una cosa es reconocer vulnerabilidad en un sistema dependiente de hidrología y gas, y otra es proyectar un colapso inminente. Hasta donde se conoce por la cobertura periodística, el equipo de empalme no ha presentado modelaciones de la UPME, de XM o del Ideam que cuantifiquen probabilidad de racionamiento. Sin ese insumo técnico, la cifra de 204 mil millones por hora funciona como un ejercicio de costo contingente, no como una proyección de ocurrencia.
Segundo, la respuesta institucional en curso. La administración saliente de Gustavo Petro no esperó al empalme. La Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la Resolución CREG 101 111 de 2026, que crea un mecanismo para que los usuarios ofrezcan voluntariamente reducciones de consumo en la bolsa de energía, con el objetivo de reforzar el abastecimiento. Es, en esencia, un esquema de demanda desconectable voluntaria, instrumento conocido en mercados mayoristas. La pregunta técnica será si el volumen de respuesta agregada resulta suficiente frente a un escenario Niño intenso.
Tercero, el método. Restrepo insistió, según El Universal de Cartagena, en que la estrategia se construirá “de manera conjunta” entre el próximo gobierno y el sector privado. Esa fórmula tiene antecedentes: los acuerdos de可靠性 eléctrica firmados en administraciones anteriores y las mesas de trabajo del Ministerio de Minas y Energía durante El Niño 2023-2024. El riesgo del formato “diálogo” sin cronograma ni metas medibles es que se convierta en una declaración de intenciones sin indicadores.
Desde La Bitácora hemos sido críticos del uso instrumental del Estado, pero también del alarmismo sin cifras. Aquí corresponde exigirle al gobierno entrante tres cosas concretas antes del 7 de agosto: publicación del diagnóstico técnico actualizado del sistema interconectado, cronograma de medidas operativas de corto plazo y reglas claras para la subasta de energía firme que, según expertos del sector citados en distintos medios, lleva meses de retraso.
El Fenómeno de El Niño es cíclico y predecible. Su impacto sobre el precio de bolsa y sobre la disponibilidad de gas para térmicas depende de decisiones regulatorias que se toman hoy. La Resolución CREG 101 111 de 2026 es un primer paso, como reportó El Universal de Cartagena. Lo que se viene es lo que define si Colombia enfrenta un apretón tarifario o un racionamiento.
El gobierno entrante tiene razón en poner el tema sobre la mesa desde el primer día. La urgencia ahora es pasar del diagnóstico público a la ingeniería regulatoria.