La decisión del Gobierno nacional de desplegar un hospital de campaña en territorio venezolano tras los terremotos del 24 de junio trasciende la solidaridad vecinal. Se trata de una operación compleja que evalúa la institucionalidad técnica de Colombia en un entorno político hostil. Mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordina la logística y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) garantiza el transporte, el verdadero desafío no es solo médico, sino diplomático y operativo.
En un contexto regional donde la ayuda humanitaria suele convertirse en moneda de cambio político, este despliegue debe interpretarse como un ejercicio de profesionalismo estatal que busca blindarse de cualquier cooptación ideológica. La presencia de 35 profesionales certificados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) bajo el estándar Emergency Medical Team (EMT) es la garantía de que Colombia actúa con protocolos internacionales verificables, evitando improvisaciones voluntaristas que podrían ser malinterpretadas o manipuladas.
Capacidad técnica frente al colapso vecinal
Las cifras de la tragedia venezolana son contundentes y desbordan la capacidad de respuesta local de un Estado con severas limitaciones estructurales. Con cerca de 3.000 fallecidos confirmados y más de 10.000 personas en albergues temporales, según los balances oficiales citados por El Universal, la infraestructura sanitaria venezolana ya mostraba signos de colapso antes del sismo. El hospital de campaña colombiano, con capacidad para 150 atenciones diarias y servicios especializados como ecografía obstétrica y laboratorio clínico, llega a llenar un vacío estructural, no solo coyuntural.
Es relevante destacar que este equipo es el único en Colombia con certificación OPS para despliegues internacionales. Esto implica que la respuesta no depende exclusivamente de la voluntad política del momento, sino de una curva de aprendizaje acumulada durante años. En términos de seguridad regional, mantener esta capacidad operativa es un activo estratégico para Colombia. La estabilidad sanitaria en la frontera es, en última instancia, un componente de la seguridad nacional, pues evita que las crisis humanitarias se traduzcan en flujos migratorios desordenados o en focos de inestabilidad social en los departamentos limítrofes.
Los límites de la cooperación en un régimen autoritario
Sin embargo, desde la perspectiva de las relaciones hemisféricas, debemos ser claros sobre los riesgos inherentes. Venezuela no es un socio convencional. La inclusión de 1.000 bolsas para la gestión forense de víctimas, donadas por la Fiscalía General de la Nación según reporta la Ungrd, es un recordatorio sombrío de la magnitud de la catástrofe. Este insumo también subraya la necesidad imperativa de mantener cadenas de custodia y transparencia en un entorno donde la opacidad suele ser la norma administrativa.
La cooperación técnica con regímenes que presentan cuestionamientos en materia de derechos civiles y políticos requiere un equilibrio delicado. Resulta válido ser escéptico de la no intervención absoluta cuando hay vidas en juego, como es el caso actual en La Guaira y Miranda. Pero igualmente corresponde mantener una distancia crítica frente a cualquier narrativa que presente esta ayuda como un acercamiento político o una validación del modelo venezolano. La ayuda humanitaria debe ser estrictamente técnica, verificable y temporal.
El almirante Ricardo Hurtado ha señalado que la misión operará durante dos meses y medio. Este plazo definido es crucial. La cooperación no puede convertirse en un sustituto permanente de las responsabilidades estatales del régimen de Nicolás Maduro. Si bien es un acierto responder con celeridad y profesionalismo, la Cancillería y la Ungrd deben garantizar que los protocolos de entrega y operación se respeten sin interferencias políticas locales. Cualquier desviación de los estándares OPS o intento de instrumentalización propagandística debería ser documentado y rechazado.
Una prueba para la política exterior de Estado
Este despliegue ocurre en medio de tensiones regionales y de una relación bilateral marcada por la desconfianza institucional. Que Colombia pueda proyectar capacidad de respuesta en territorio vecino, coordinando salud, defensa y gestión del riesgo, demuestra que existe una burocracia funcional que opera a pesar de las circunstancias políticas. Es un contraste necesario con la erosión institucional que se observa en otras áreas de la administración pública regional.
Para la región andina y para nuestros aliados en Washington y Bruselas, este tipo de operaciones reafirman a Colombia como un proveedor de bienes públicos regionales. No somos solo receptores de cooperación; somos capaces de exportar estabilidad técnica en momentos críticos. Esa es la narrativa que debe prevalecer: la de un Estado serio, predecible y profesional, que entiende que la vecindad con Venezuela impone obligaciones humanitarias ineludibles, pero que las ejecuta con la rigurosidad que exige la defensa del Estado de derecho y la seguridad hemisférica.
La tragedia en Venezuela es inmensa y la respuesta colombiana es loable. Pero lo loable no puede reñir con lo lúcido. El éxito de esta misión se medirá no solo por los pacientes atendidos, sino por la integridad institucional con la que se ejecute en un terreno donde las reglas democráticas han sido suspendidas.