Tres menores de 4, 7 y 15 años fueron rescatados el 15 de junio en un apartamento del edificio Niido, en el barrio Navarra, localidad de Usaquén. Un ciudadano estadounidense fue señalado de agredir sexualmente a uno de los niños en el balcón del inmueble, según una denuncia ciudadana. Los hermanos fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar, donde se activó el protocolo de código blanco por sospecha de abuso sexual contra menores de edad. Hoy están bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ese es el hecho. Lo demás es ruido.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, declaró a Caracol Radio que, según los exámenes y entrevistas practicados al menor, “se descartaría violencia sexual física”. Aclaró, no obstante, que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual” y que la investigación continúa a la espera del dictamen de Medicina Legal. La funcionaria también rechazó lo que calificó como “utilización política” del caso por parte de distintos actores en plena segunda vuelta presidencial, y advirtió sobre “especulaciones escabrosas sobre la institucionalidad” que pueden afectar procesos de protección de otros niños.
La columna no es sobre el caso penal, que corresponde a la Fiscalía y a los jueces de garantías. La columna es sobre el uso electoral que se le está dando.
El presidente Gustavo Petro, según reportó Publimetro, vinculó el hecho a una supuesta pretensión extranjera de “convertirnos en un prostíbulo pervertido” y planteó restricciones de visas a ciudadanos estadounidenses. La declaración presidencial mezcla un expediente en curso con una narrativa de campaña que nada aporta a la investigación y sí mucho a la polarización. La Procuraduría, por su parte, según la misma fuente, señaló que los menores iban a ser adoptados, lo que abre un frente institucional distinto: el de los procesos administrativos de adopción y la debida diligencia del Estado en la selección de adoptantes.
Hay tres problemas que conviene separar.
Primero, el tiempo. Medicina Legal aún no entrega su dictamen. La Fiscalía no ha formulado imputación. Cualquier conclusión anticipada —sea absolutoria o condenatoria— compromete el debido proceso y, sobre todo, la protección de los menores, cuya identidad y trayectoria deben permanecer reservadas. La directora del ICBF fue precisa al pedir que se esperen los resultados oficiales.
Segundo, la instrumentalización. Un caso de presunto abuso sexual infantil no es un afiche de campaña. Cuando un presidente de la República lo convierte en pieza retórica contra un país tercero, y cuando sectores de oposición lo replican sin reparar en los niños involucrados, se comete una doble lesión: se revictimiza a los menores y se degrada el debate público. La funcionaria lo dijo con claridad: “la política no se hace con las historias de niños”.
Tercero, la institucionalidad. El ICBF tiene a los tres menores bajo protección. El Hospital Simón Bolívar los atendió. La Fiscalía investiga. La Procuraduría requirió información sobre el proceso de adopción. Cada entidad cumple un rol distinto y debe responder por él. Las “especulaciones escabrosas” que mencionó Cáceres —sin que la fuente las detalle— merecen investigación, no amplificación.
La segunda vuelta se gana con propuestas verificables sobre seguridad, economía y reforma institucional, no con declaraciones que usan a niños como combustible electoral. Si hay fallas en el proceso de adopción, que la Contraloría y la Procuraduría las documenten con cifras y nombres. Si hay fallas en la respuesta institucional, que la Fiscalía y los jueces actúen. Si hay fallas en la protección de menores, que el ICBF las corrija y rinda cuentas.
Lo que no se puede hacer, en plena campaña, es convertir un caso en construcción en un argumento de plaza pública. Los niños de Usaquén merecen investigación seria, atención médica y reserva. Merecen, sobre todo, que los adultos que aspiran a gobernarlos dejen de hablar de ellos y empiecen a responder por ellos.