La escena que incendió redes sociales el domingo 14 de junio terminó en una decisión judicial que, técnicamente, no sorprende: un juez de control de garantías dejó en libertad al ciudadano estadounidense señalado en Usaquén de un presunto abuso sexual contra un menor en el balcón de un apartamento. La razón, según reportó Caracol Radio, fue la ausencia de indicios suficientes para avanzar a imputación. Es la respuesta que el Código de Procedimiento Penal colombiano ordena cuando la evidencia no alcanza el umbral mínimo.
Lo distinto de este caso no es el fallo judicial, sino lo que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, puso sobre la mesa en diálogo con Blu Radio: Medicina Legal descartó violencia sexual, y el dictamen forense cierra, al menos por ahora, la hipótesis más grave. Cáceres fue textual al ser consultada: “No hubo violencia sexual. No, no hubo violencia sexual. Exacto”. Esa frase define el alcance probatorio del caso hasta hoy.
Lo que la funcionaria sí reconoció como daño cierto es de otro tipo. Los tres hermanos —de 4, 7 y 15 años— estaban en los últimos siete días de la fase de integración con una pareja adoptante de origen estadounidense, dentro de un proceso que, según la misma directora, acumula casi tres años de trámite, incluyendo cerca de un año de verificaciones en el país de origen. La irrupción de vecinos al apartamento, los insultos en contra de la pareja y la grabación que circuló en redes habrían producido, según la lectura del Icbf, la fractura del vínculo que los menores ya habían construido.
Hay tres elementos que esta columna no puede pasar por alto.
Primero, el dato institucional. Cáceres defendió que los procesos de adopción en Colombia vienen siendo, desde hace una década, “procesos muy formales, con muchos filtros, muchos rigores”. Es una afirmación que el Icbf debe sostener con cifras y trazabilidad, porque el episodio dejará bajo escrutinio un expediente en particular y, por extensión, la imagen del sistema. La revisión ordenada a las defensorías de familia, el seguimiento psicológico y la decisión final —que compete a un juez de familia— son la prueba de fuego de ese rigor que la directora invoca.
Segundo, el dato probatorio. La Fiscalía, la Policía y Medicina Legal operaron dentro de sus competencias. La captura del 14 de junio fue legal; la audiencia de legalización del 16 de junio concluyó con la liberación, conforme al estándar del artículo 308 de la Ley 906 de 2004. Eso es funcionamiento ordinario del sistema penal acusatorio, no un aval ni un cuestionamiento a la denuncia ciudadana, que sigue siendo una herramienta indispensable en materia de protección infantil.
Tercero, el dato humano. La adolescente de 15 años tuvo que traducir al interior de su propio hogar los gritos que vecinos y extraños lanzaban contra la mujer que los menores ya llamaban “mamá”. Ese detalle, que la propia directora calificó como el momento más delicado del episodio, debería ser leído con atención por quienes en redes difundieron los videos y por quienes, en la calle, cruzaron la puerta del apartamento. La línea entre la denuncia legítima y el escrache, como advirtió Cáceres, existe y en este caso habría sido cruzada.
La pregunta que queda abierta es estrictamente procesal: si la familia adoptante desiste —algo que Cáceres reconoció como técnicamente posible— o si el Icbf, las defensorías y el juez de familia logran reconstruir las condiciones para que los siete días finales de integración se reanuden. En cualquiera de los dos desenlaces, los tres hermanos cargarán con una historia pública que no eligieron. Y la institucionalidad, con el deber de demostrar que la decisión final se adoptó por el interés superior de los menores, no por presión de la opinión digital.