¿Qué dice de una república el hecho de que un niño de siete años deba declarar públicamente “solo tengo medio corazón” para que el Estado accione sus mecanismos? La historia de Lucas Francesco Murillo García, reportada por Cambio, no es una anécdota conmovedora aislada. Es el síntoma de una patología institucional donde la tutela —ese remedio excepcional diseñado para proteger derechos fundamentales— se ha convertido en la regla de acceso a la salud, y donde la intervención presidencial directa sustituye, con peligrosa eficacia teatral, al funcionamiento rutinario de la administración.
Lucas nació con una cardiopatía compleja. Ha sobrevivido tres cirugías de corazón abierto, depende de oxígeno permanente y necesita un cateterismo y valoración para ingresar a la lista de trasplante. Su madre lleva un año solicitando a la Nueva EPS la autorización de estos procedimientos en una clínica de cuarto nivel. Un año. Trescientos sesenta y cinco días de trámites, respuestas evasivas y el deterioro progresivo de un organismo infantil que no entiende de plazos administrativos. Cuando el niño graba un video diciendo “yo no quiero morir” y “mi mamá lleva un año luchando contra la EPS”, no está ejerciendo un derecho de petición; está ejecutando una estrategia de supervivencia que ningún ciudadano debería necesitar.
La respuesta del presidente Abelardo de la Espriella —ordenar a la ministra Ana María Vesga que se ponga “personalmente al frente” del caso— ilustra una tentación recurrente en nuestra política: la sustitución del Estado por el líder. Es comprensible el alivio de la familia ante la intervención directa. Sin embargo, debemos preguntarnos si celebramos el gesto correcto. Tocqueville advertía que la democracia degenera cuando los ciudadanos, habituados a que el poder central resuelva sus problemas individuales, olvidan la virtud de las instituciones intermedias. En Colombia, la intermediación ha fallado tan estrepitosamente que el presidente debe actuar como gestor de casos individuales, convirtiendo la excepción en método de gobierno. Esto no es eficiencia; es la confirmación de que la máquina estatal está rota.
La Defensoría del Pueblo ha documentado un récord de tutelas por afectaciones al derecho a la salud en el último año. Este dato, citado en el reportaje, debería avergonzarnos más que cualquier cifra macroeconómica. Significa que el sistema de salud —ese que debía garantizar cobertura universal tras la reforma de los noventa— ha colapsado en su función básica: la autorización oportuna de tratamientos. La Nueva EPS, heredera de una crisis estructural que ningún gobierno ha resuelto, se ha convertido en sinónimo de demora letal. Pero la solución no puede ser que cada caso requiera la atención del despacho presidencial. Eso sería admitir que vivimos en una monarquía de la emergencia, donde la justicia depende de la visibilidad mediática del sufrimiento.
Hay, además, una dimensión política que no podemos ignorar. El presidente De la Espriella, abogado de formación y figura de la oposición al petrismo, ha hecho de la crítica al sistema de salud una bandera de su administración. Su intervención en el caso de Lucas es legítima y humana, pero también es políticamente rentable. Permite contrastar la imagen del mandatario cercano con la del burócrata insensible. No cuestionamos la autenticidad de su preocupación, pero sí debemos señalar el riesgo de convertir la salud de los niños en capital simbólico. Hannah Arendt distinguía entre el poder como capacidad de actuar en conjunto y la violencia como instrumento de dominación; en este caso, el poder presidencial actúa, pero lo hace sobre las ruinas de una capacidad institucional que debería funcionar sin necesidad de su intervención.
La ironía es amarga. Mientras el presidente ordena atender a Lucas, el sistema sigue produciendo miles de casos idénticos que no alcanzan la viralidad necesaria para activar la solidaridad estatal. La salud en Colombia se ha convertido en una lotería de la visibilidad: quienes logran que su historia conmueva a las redes sociales o a los medios de comunicación obtienen respuesta; quienes permanecen en el anonimato, mueren en la espera. Esto no es una república de derechos; es una corte de milagros.
Debemos reconocer, sin embargo, que la instrucción presidencial es técnicamente correcta dentro del marco de emergencia. Cuando un niño necesita un trasplante, la demora es una sentencia. Pero el éxito de este caso no debe ocultar la pregunta estructural: ¿cómo reformamos un sistema donde la EPS actúa como filtro de acceso en lugar de garante de servicios? La respuesta no está en más intervenciones personales, sino en la reconstrucción de la capacidad técnica del Estado para financiar, autorizar y prestar servicios sin que medien tutelas ni tuits presidenciales.
Lucas quiere seguir aprendiendo, dice en su video. Quiere volver al colegio, compartir con sus compañeros, vivir en Cúcuta. Son deseos modestos para un niño de siete años. Que requieran la intervención del jefe de Estado para hacerse posibles es la medida exacta de nuestra decadencia institucional. Cuando la excepción se vuelve la única vía efectiva, la regla ha muerto. Y cuando un niño debe declarar que tiene medio corazón para que el Estado le preste atención, debemos preguntarnos si el otro medio corazón —el de la república— no estará también en lista de espera.