Los fenómenos climáticos extremos han sido, históricamente, la coartada perfecta para contratos irregulares, sobrefacturación y desvío de fondos públicos. Ahora que Colombia enfrenta la llegada del Niño, ese patrón vuelve a repetirse: gobiernos locales y nacionales preparan respuestas que, sobre el papel, se ven legítimas. En la práctica, abren las puertas a la captura institucional.
La República plantea una pregunta incómoda pero válida: ¿existe preparación real o solo una cascada de licitaciones emergentes sin fiscalización? La diferencia es crítica. En desastres anteriores (olas invernales, sequías), estudios de la Contraloría documentaron cómo recursos destinados a infraestructura de emergencia terminaban en proyectos de dudosa utilidad o nunca se ejecutaban. Los contratistas favorecidos solían tener vínculos políticos claros.
El riesgo actual no es especulativo. La Defensoría del Pueblo y organizaciones de control ya han alertado sobre la ausencia de planes integrados de respuesta en varios departamentos. Cuando falta coordinación institucional, proliferan los contratos directos, las exenciones de licitación y los acuerdos entre funcionarios y empresas. Es el terreno donde crece la corrupción.
Para quien no siguió el hilo: el Niño no es solo un evento meteorológico. Es un acelerador de dinámicas políticas existentes. Si las instituciones de control son débiles, si la fiscalización no es independiente, si los gobernadores pueden girar dinero sin rendición de cuentas, entonces el desastre natural se convierte en desastre fiscal también.
Lo que debe vigilarse ahora no es solo si llueve o sequía, sino quién recibe los contratos, con qué criterios y bajo qué supervisión. Si eso no está claro antes de que caiga el primer centavo de presupuesto, entonces La República tiene razón: no hay nadie preparado.