La crisis hídrica que se aproxima con la intensificación del fenómeno de El Niño está creando una ventana política para transformaciones que el sector energético colombiano lleva años esperando. El precio de la energía en bolsa podría alcanzar los $1.000 por kilovatio-hora, una cifra que no solo refleja escasez física sino que abre la puerta a mecanismos regulatorios que han estado en debate desde hace una década.
Para entender la magnitud del problema, es necesario contextualizar. Colombia depende de la hidroelectricidad para más del 65% de su generación. Cuando los embalses caen por debajo de niveles críticos, el sistema se ve obligado a despachar plantas térmicas costosas, lo que dispara los precios de la energía mayorista. En ciclos anteriores de El Niño (2014-2016, 2018-2019), hemos visto picos que alcanzaron los $300-400 por kilovatio-hora. Llegar a $1.000 significaría un salto cualitativo que afectaría tanto a grandes consumidores industriales como a la estructura tarifaria de los hogares.
La brecha entre oferta y confiabilidad
El debate técnico que subyace es más profundo que el precio spot. Durante años, reguladores y analistas han advertido que Colombia enfrenta un problema de “confiabilidad” del sistema. No se trata solo de capacidad instalada, sino de garantizar que en horas pico, con demanda máxima, el sistema pueda entregar energía sin racionamientos. Los apagones de 2023 dejaron clara esa vulnerabilidad.
El cargo por confiabilidad es el mecanismo que busca resolver esto. A diferencia del precio de bolsa, que refleja el costo marginal instantáneo, el cargo por confiabilidad pagaría a los generadores (especialmente a plantas térmicas y a baterías de almacenamiento) por estar disponibles en momentos críticos, aunque no despachen. Es similar a lo que hacen mercados como el de Texas o el europeo: pagar por la capacidad, no solo por la energía producida.
La resistencia política a implementar este cargo ha sido histórica. Gobiernos de izquierda lo ven como un subsidio a empresas privadas. Gobiernos de derecha lo ven como complejidad regulatoria innecesaria. Mientras tanto, la inversión en generación térmica y en tecnologías de almacenamiento se ha estancado, porque los inversionistas no tienen certeza de recuperar su capital en un mercado donde solo pagan por lo que venden en cada hora.
El contexto regional
La situación colombiana no es aislada. Ecuador enfrenta crisis energética crónica que ha llevado a racionamientos severos. Perú ha invertido en gas natural y renovables, pero sigue dependiendo de hidroelectricidad en la costa. Brasil, con su matriz más diversificada, ha manejado mejor los ciclos de El Niño, pero también ha tenido que fortalecer su capacidad térmica y eólica.
Lo que distingue a Colombia es que tenemos un mercado mayorista más desregulado que el de nuestros vecinos. Eso nos da flexibilidad, pero también nos expone a volatilidad de precios. Cuando el precio de bolsa sube a $1.000, los consumidores finales no lo sienten de inmediato (porque hay mecanismos de suavización tarifaria), pero sí lo sienten las empresas industriales que compran directamente en bolsa. Eso afecta competitividad de sectores como alimentos procesados, textiles y manufactura.
La ventana política
Crisis genera oportunidad. Un precio de $1.000 por kilovatio-hora es lo suficientemente dramático como para que gobiernos de cualquier color implementen cambios que de otro modo enfrentarían resistencia. Si el cargo por confiabilidad se implementa ahora, con justificación de “emergencia energética”, será más fácil que si se propone en tiempos de normalidad.
El riesgo es que se implementen mal: cobrar por confiabilidad sin transparencia en cómo se asignan esos recursos, o sin garantías de que se traduzca en inversión real en generación diversificada. Algunos países han cometido ese error y terminaron pagando sin mejorar la confiabilidad.
Para Colombia, la pregunta es si usamos esta crisis para modernizar el mercado energético de verdad, o si simplemente suavizamos precios con subsidios temporales y volvemos a lo mismo en tres años. La respuesta dependerá de si el Gobierno y el Congreso tienen la voluntad política de hacer lo impopular pero necesario: reconocer que la energía confiable tiene un costo, y que ese costo debe reflejarse en el precio que pagan los usuarios.
El Niño llegará. La pregunta es qué dejará atrás cuando se vaya.