El designado ministro de Hacienda por el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella, Miguel Gómez Martínez, anticipó en entrevista con Caracol Radio, replicada por Pulzo, una revisión de fondo del mecanismo con el que se fija cada año el salario mínimo en Colombia. La señal llega con cinco meses de anticipación a la mesa de concertación de diciembre y reordena el debate antes de que empiece.
El eje de la propuesta es técnico: atar el incremento a dos variables macroeconómicas explícitas, la inflación y el crecimiento de la productividad, y abandonar lo que Gómez Martínez denominó una política salarial guiada por conveniencias gubernamentales. El argumento es conocido y tiene respaldo en la literatura económica. Cuando el salario nominal crece por encima de la productividad real, los costos unitarios se disparan, erosionan márgenes y, según la lectura del futuro ministro, destruyen empleo formal.
La referencia inevitable es el decreto de 2026. Bajo la administración de Gustavo Petro se fijó un incremento del 23%, el más alto de la historia reciente del país, acordado tras el fracaso de la mesa tripartita. Gómez Martínez lo calificó como una decisión política que ignoró la realidad financiera. La cifra, en todo caso, debe contrastarse con lo que terminó ocurriendo: la inflación de 2025 cerró por encima de 5%, según el Dane, y la productividad, medida por el Banco de la República, lleva varios años estancada. La pregunta de fondo no es si el alza fue excesiva, sino si el país tiene cómo absorberla sin ajustes en otros frentes.
Hay tres consideraciones que el nuevo equipo económico tendrá que resolver antes de sentarse en la mesa.
Primero, el componente de inflación. La regla clásica consiste en aplicar la inflación observada del año anterior más un punto adicional por productividad. Si esa fórmula se restaura sin matices, el ajuste nominal de 2027 podría quedar cerca de un dígito, muy lejos del 23% vigente. La transición entre ambos regímenes es política y técnicamente compleja, porque hay contratos indexados al mínimo y compromisos de consumo de los hogares que ya fueron planeados con la cifra actual.
Segundo, la productividad. Colombia no la mide con una sola serie. El Banco de la República publica estimaciones de productividad total de los factores con rezago, y el Dane calcula productividad laboral por ramas. Definir cuál se usa como ancla no es trivial y abre la puerta a litigios técnicos entre empleadores y centrales obreras.
Tercero, el empleo formal. Gómez Martínez sostuvo que subir el mínimo sin sustento técnico asfixia a las empresas y reduce la generación de puestos de trabajo. La afirmación es defendible, pero requiere evidencia. El Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo y el Dane tienen series de empleo asalariado formal por tamaño de empresa que permitirían evaluar si el alza de 2026 ya muestra efectos sobre la contratación de micro y pequeñas empresas, que es donde más golpea un mínimo alto.
Hay un cuarto punto que el debate suele omitir. Colombia tiene un salario mínimo legal pero también una cobertura real baja: cerca de un tercio de los ocupados gana menos de un mínimo, según cifras del Dane. Anclar el ajuste a productividad puede ser macroeconómicamente sano, pero deja intacto el problema distributivo. Una política técnica no sustituye una política de formalización.
La frase más comentada de Gómez Martínez, según la transcripción de Pulzo, fue que si subir los salarios sacara a la gente de la pobreza, hace años no existiría la pobreza. Es una verdad incómoda, pero incompleta. La pobreza multidimensional también depende de acceso a salud, educación y servicios públicos, variables que no se modifican con un decreto de Minhacienda.
Lo que viene es una concertación con reglas distintas. La CUT, Fecode y los gremios grandes ya tomaron nota. La pregunta será si el nuevo gobierno logra sostener la coherencia técnica cuando llegue diciembre y los sindicatos recuerden que el mínimo es, además de un indicador, un instrumento de protección social. La promesa de racionalidad macroeconómica se medirá por su capacidad de sobrevivir al contacto con la mesa.