¿Qué significa que un peaje en construcción sea atacado de madrugada, con explosivos, en un corredor vial del Cauca? La respuesta obvia —un acto de sabotaje criminal— es también la más perezosa. Detrás del atentado contra el peaje Mondomo, en Santander de Quilichao, ocurrido en la madrugada de este sábado y que dejó dos guardas de seguridad heridos y una infraestructura en su etapa final gravemente dañada, hay una pregunta más incómoda: ¿quién manda en los territorios por donde pasan las grandes obras del país?
La reacción de los actores económicos fue inmediata y reveladora. La Concesionaria Nuevo Cauca y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, pidieron al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa una presencia permanente de la Fuerza Pública en el corredor, y el gremio fue más lejos: solicitó que el Ejército asuma el control de la zona mientras avanzan las obras. Que el sector privado tenga que suplicar la presencia del brazo armado del Estado para poder construir una carretera dice más sobre el vacío institucional que cualquier cifra de inversión. La petición es legítima y este medio la respalda: la fuerza pública profesional es condición, no adorno, del desarrollo. Pero también es una confesión implícita de que el monopolio de la violencia legítima, esa definición weberiana mínima del Estado, no se ejerce de manera continua en buena parte del Cauca.
Conviene ser precisos sobre lo que se sabe y lo que no. Hasta donde alcanza la información disponible, no hay atribución pública del atentado a ningún grupo armado en particular. El Cauca es, sin embargo, territorio de disputa histórica entre disidencias de las antiguas FARC, estructuras del ELN y economías ilegales que van del narcotráfico a la extorsión de obras públicas. Cualquier lectura seria debe reconocer esa incertidumbre: condenar el ataque y exigir investigación no exige inventar un autor. Lo que sí puede afirmarse sin temor es que un atentado contra infraestructura civil en fase de entrega no busca dañar cemento; busca enviar un mensaje sobre quién cobra, quién permite y quién prohíbe en ese corredor.
Aquí cabe una distinción que la tradición liberal ha cuidado con celo. Tocqueville advertía que la democracia no se sostiene solo por las leyes, sino por los hábitos que las hacen posibles; y entre esos hábitos el primero es la confianza de que el contrato —en este caso, literalmente un contrato de concesión— será protegido por el poder público. Cuando el empresario, el obrero y el campesino de Santander de Quilichao perciben que la única garantía real es un batallón estacionado de forma permanente, algo se ha degradado en la res publica. La seguridad no puede ser un servicio que se negocia obra por obra, peaje por peaje, como si el Estado fuera un vigilante contratado por el gremio de turno. Esa lógica, aceptada sin discusión, termina privatizando el orden público y convirtiendo la presencia estatal en una excepción costosa en lugar de la regla.
Dicho esto, la honestidad intelectual obliga a reconocerle al Ministerio de Defensa la rapidez del reporte y el anuncio de operativos tras el hecho. Reaccionar es necesario; el problema es que reaccionar no es gobernar. Colombia lleva décadas atrapada en un ciclo conocido: atentado, comunicado de rechazo, operativo relámpago, presencia militar temporal, retiro silencioso y regreso de los armados. El Cauca ha visto esa película con distintos protagonistas desde hace más de veinte años. La pregunta que el Gobierno Nacional debería responder no es cuántos soldados envía esta semana, sino cuál es la estrategia sostenida —judicial, policial, fiscal y social— para que dentro de cinco años ninguna concesionaria tenga que pedir al Ejército que custodie un peaje.
Hay, además, una responsabilidad que no puede eludir el debate público: la de quienes desde la política han convertido la seguridad territorial en moneda de negociación ideológica. Durante años se prometió que la paz total desactivaría la violencia contra la infraestructura y las comunidades; los hechos del Cauca, del Catatumbo o del Chocó sugieren que la realidad no firmó ese acuerdo. Pero la crítica también alcanza a la oposición cuando su propuesta se reduce a más botas sin más Estado, como si la presencia militar permanente fuera un fin y no el síntoma de una ausencia. Arendt escribió que la violencia aparece donde el poder fracasa; el peaje Mondomo quemado es, en ese sentido, un espejo. Refleja a los criminales que lo atacaron, sí, pero también a un Estado que llega tarde, se va temprano y delega en los gremios la tarea de rogarle que exista.
Los dos guardas heridos y los trabajadores que hoy no saben si su obra sobrevivirá merecen algo más que el ritual del comunicado. Merecen una respuesta a la pregunta que ningún gobierno ha querido formular en voz alta: ¿está Colombia dispuesta a pagar el costo —presupuestal, político, humano— de ocupar institucionalmente su propio territorio, o seguiremos administrando la ausencia con operativos de fin de semana? El peaje se puede reconstruir. La autoridad que lo debía proteger, esa tarda más en levantarse.